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El dictamen del juicio civil en una corte de West Palm Beach (Florida), tras una década de litigios, señala que Chiquita Brands International no demostró que "la asistencia que brindó" a las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para proteger a sus empleados de la violencia fue resultado de una "amenaza ilegal, inmediata e inminente" por parte de ese grupo terrorista.
La ayuda de Chiquita a las AUC, según el fallo, constituyó "una actividad peligrosa" que aumentó el riesgo para los de la comunidad más allá de aquellos peligros a los que estuvieron normalmente expuestos.
La multinacional deberá pagar 38,3 millones de dólares a los demandantes, que son sobrevivientes y familiares de víctimas de la violencia paramilitar en la década de 1990 y comienzos del siglo XXI, especialmente en la región bananera de Urabá.
Chiquita Brands International, que cerró sus operaciones en Colombia en 2004, itió en 2007 en una corte deNueva York que había pagado a paramilitares colombianos 1,7 millones de dólares, según la empresa "bajo presión".
Justicia en Colombia
Tras conocerse el fallo, el exdirector de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) Gerardo Vega manifestó que si bien este fallo es importante, aún falta "que la justicia colombiana proceda y condene a las empresas que eran filiales de Chiquita".
"En el pasado ya en EE.UU. los habían condenado a pagar una multa de 25 millones de dólares por haber financiado a las AUC, a los paramilitares y haber causado una tragedia enorme (...) La Justicia colombiana debería actuar también rápidamente", agregó Vega en un video publicado en sus redes sociales.
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Por su parte, Carlos Caicedo, exalcalde de Santa Marta y exgobernador del departamento caribeño de Magdalena, donde también hay grandes extensiones de tierra dedicadas al cultivo del banano, consideró que "el fallo en Estados Unidos contra la multinacional bananera Chiquita Brands les da un triunfo y reivindica a las decenas de víctimas del paramilitarismo".
"El apoyo de esos empresarios, con más de 1,7 millones de dólares, les permitió a los paramilitares aumentar su presencia en el Magdalena y el Urabá, donde asediaron a las comunidades y dejaron en varias zonas un modelo de producción proclive al narcotráfico", expresó Caicedo en X.
Añadió que "fueron 18 años de lucha en búsqueda de que las actuaciones corruptas de empresarios internacionales, que auspiciaron la vulneración de los derechos humanos, no quedaran impunes".
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