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El Congreso concluyó su periodo ordinario de sesiones con un sabor agridulce para el Gobierno del presidente Gustavo Petro, que se anotó un triunfo con la aprobación de la reforma de las pensiones y fracasos con las de la salud y la educación, mientras que la laboral seguirá su tránsito legislativo.
El Gobierno logró además este jueves la aprobación de la Ley Estatutaria de Jurisdicción Agraria, que se ocupará de resolver los conflictos del campo, origen de la violencia en Colombia, y seguramente obtendrá también apoyo para la ampliación del cupo de endeudamiento en 17.607 millones de dólares, necesarios para hacer frente a los compromisos de la deuda.
La aprobación de esas reformas tuvo un elevado costo político para Petro, que llegó a la Presidencia con las banderas del cambio en proyectos sociales y la paz total, que no ha podido consolidar en ningún frente cuando está casi en el ecuador de su mandato de cuatro años iniciado el 7 de agosto de 2022.
"Creo que en términos generales es una legislatura convulsa porque son grandes proyectos o grandes iniciativas legislativas pero su trámite demostró cuán desinstitucionalizado está el país en términos de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo", dijo Manuel Camilo González, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana.
Victoria pírrica
El hecho de que haya podido maniobrar para sacar adelante la reforma pensional y mantener a flote la laboral le permite a Petro tener un balance aceptable a la hora de hacer cuentas políticas.
"Siento que mejora mucho más (su balance) porque de alguna forma el haber aprobado una reforma ambiciosa, que es la del sistema pensional, le permite al Gobierno demostrar que sí está cumpliendo sus promesas de campaña", asegura el catedrático.
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Para conseguir la aprobación de la reforma pensional y mantener el debate de la laboral en la próxima legislatura, que comenzará el 20 de julio, Petro consumió gran parte de su capital político, que comenzó a erosionarse antes de lo esperado.
Además, en el caso de la reforma de las pensiones, es probable que no pase el examen de la Corte Constitucional ya que la oposición ha anunciado demandas contra la ley aprobada por vicios de forma y de fondo, algo que ya ha ocurrido con otras normas y decretos del actual Gobierno.
"Me temo que puede ser una victoria pírrica, pero si de alguna forma la Corte Constitucional llega a avalar (la reforma pensional) sería un punto a favor y muy grande para el Gobierno incluso de cara a las elecciones presidenciales de 2026", avizora González.
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La reforma del sistema de pensiones es un bálsamo para el Gobierno que vio cómo se hundieron en esta legislatura otras iniciativas, entre ellas en abril pasado la reforma de la salud, la principal de todas, y esta semana la de la educación.
Poder regional
El año legislativo que termina deja además a los partidos tradicionales menguados y a los políticos regionales, incluso de la oposición, con más poder al desoír las recomendaciones de sus jefes nacionales y apoyar con su voto las iniciativas gubernamentales.
Para sacar adelante la reforma de las pensiones, por ejemplo, el Gobierno utilizó como estrategia la fragmentación de los partidos.
"Ya no hablamos de partidos en el sentido amplio sino que hablamos un poco de cuál es el poder que tienen los congresistas y los políticos regionales; al final de cuentas la política regional está incidiendo mucho más en los asuntos nacionales", asegura González.
Los maestros ganaron el pulso
En cuanto a la reforma de la educación, otra bandera de Petro, el esfuerzo del Gobierno fue en vano y estuvo a punto de costarle el apoyo del más poderoso sindicato de maestros de Colombia.
La Federación Colombiana de Educadores (Fecode), contraria a la reforma, hizo sentir su fuerza con una huelga de una semana de más de 300.000 maestros que solo levantó este jueves una vez se confirmó el hundimiento del proyecto de Ley Estatutaria de la Educación.
Fecode asegura que seguirá apoyando al Gobierno pero aclaró que las conquistas logradas no las van a dejar perder, un claro mensaje a Petro que tendrá que decidir si en el próximo periodo legislativo presenta al Congreso la misma iniciativa, apoyada incluso por políticos de oposición, o la cambia por una del agrado de los maestros.
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