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La tutela que la semana pasada negó por una mayoría ajustada la Corte Constitucional al expresidente Álvaro Uribe, dejó profundas heridas entre los magistrados de uno de los tribunales con mayor reputación entre los colombianos.
El ambiente se vio enrarecido por tres cosas: la filtración en tiempo real de la discusión en Sala Plena, algo que según la ley está sometido a reserva, las versiones sobre llamadas de altos funcionarios e incluso expresidentes a magistrados y a sus auxiliares para presionar votos a favor o en contra de Uribe y la inusual dureza de los salvamentos de voto de algunos magistrados que estuvieron en contra de la decisión mayoritaria.
Sobre la filtración, el presidente de la Corte Antonio José Lizarazo decidió citar a sala plena presencial sin teléfonos celulares y sin computadores, a la vieja usanza, decisión que podría aplicarse de nuevo esta semana cuando se definan dos demandas que pretenden la despenalización plena del aborto en el país. Sin embargo, se generó un creciente sentimiento de desconfianza entre los magistrados.
Aunque es normal que las decisiones de la Corte no sean unánimes y los magistrados derrotados publiquen sus salvamentos de voto, esta vez llamó la atención lo que expresaron juristas como Alberto Rojas Ríos y Jorge Enrique Ibañez, quienes no solamente afirmaron que el fallo que determina que Alvaro Uribe sigue como imputado por soborno y fraude procesal pese a haber renunciado a su fuero de congresista, no solamente vulnera los derechos del expresidente, sino que, según Rojas, borró de un plumazo el debido proceso y fractura lo que aún nos queda de la construcción de la democracia moderna.
Pero lo que más ha enrarecido el ambiente en los últimos días han sido las afirmaciones del magistrado ponente del fallo en el caso Uribe, Alejandro Linares, quien afirmó en una entrevista que algunos de sus colegas recibieron llamadas de los expresidentes Juan Manuel Santos y César Gaviria, en los días previos a la decisión final del caso.
Aunque las versiones sobre posibles llamadas de expresidentes e incluso de actuales altos funcionarios son crecientes y han sido retomadas por el periódico El Espectador citando a varias fuentes en la propia Corte Constitucional, este fin de semana hubo un inusual comunicado de las magistradas Diana Fajardo y Cristina Pardo, en el que aclaran que ellas no recibieron llamadas de ningún expresidente de la República en medio de las discusiones de la tutela con la que Uribe pretendía tumbar el proceso en su contra.
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La pregunta ahora es: ¿los otros siete magistrados de la Corte Constitucional podrán salir a afirmar, como lo hicieron sus colegas Fajardo y Pardo, que no recibieron llamadas de prestantes políticos o fueron presionados en medio de la discusión?
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