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En las últimas horas se profundizó la incertidumbre por el futuro deHidroituango, que no ha podido superar las dificultades que comenzaron a finales de abril de 2018, cuando se presentó una grave emergencia que destruyó la casa de máquinas y retrasó severamente la entrada en funcionamiento de la hidroeléctrica.
La primera arista de la crisis tiene que ver con el fracaso de la cumbre de la Casa de Nariño en la que se intentaba buscar una salida para la continuidad de la obra, que está en vilo por el fallo fiscal de la Contraloría que le impuso a los constructores el pago de una multa de más de 4 billones de pesos.
Luego de la reunión, el alcalde de Medellín Daniel Quintero insistió en redes que la única salida es que las empresas constructoras paguen por las fallas en el proceso de construcción, mientras que la Contraloría sigue en la teoría que Mapfre, empresa aseguradora, debe pagar la totalidad de la póliza para que la crisis sea superada.
En medio de la reunión, se conoció un fallo del Tribunal istrativo de Antioquia que anuló en primera instancia el nombramiento que hizo el alcalde Daniel Quintero de Jorge Andrés Carrillo como gerente de EPM, porque según los magistrados, estaba inhabilitado para ejercer el cargo, por haber ocupado una silla en la junta directiva de la empresa justo antes de su nueva responsabilidad.
Aunque esta decisión aún no está en firme y en principio el doctor Carrillo seguirá como gerente, mientras se surte la apelación ante el Consejo de Estado, este episodio retrata el manejo que le está dando la actual istración a la “joya de la corona” de los paisas y por otro lado, retrata cómo EPM quedó en medio de las confrontaciones políticas.
Las dificultades en torno al fallo fiscal de la Contraloría que podría quedar en firme en los próximos días, ha puesto contra las cuerdas a varias empresas constructoras, entre ellas Conconcreto que en las últimas horas fue itida en reorganización empresarial, sumada a Coninsa Ramon H y a Camargo Correa, que también advirtieron dificultades financieras en caso de que quede en firme la sanción.
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Esto se suma a dos auditorías conocidas por BLU Radio en las últimas horas: una de Deloitte, en la que advierte que el proyecto no entraría en operación en junio de 2022 por cinco puntos que ponen en riesgo el cumplimiento de esa meta; la otra auditoría es la de McGregor, que responsabiliza a EPM por no seguir las recomendaciones de los expertos.
La importancia de todo este galimatías es que en cualquier caso, pareciera que los colombianos van a perder, porque el escenario tiene dos posibilidades: o nos vemos abocados a un nuevo racionamiento, aunque eso esté descartado por el gobierno, o hay un aumento en el recibo de luz para todos los colombianos.
Escuche el análisis de Ricardo Ospina en Mañanas BLU:
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