¿Por qué el escándalo de corrupción en la UNGRD podría tumbar la reforma pensional?

El escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgo podría tener incidencia en la definición del futuro de la reforma pensional en la Corte Constitucional, cuyos magistrados tienen en sus manos decidir si avalan o tumban uno de los proyectos clave del gobierno del presidente Gustavo Petro.El magistrado Jorge Enrique Ibáñez pidió las declaraciones de los involucrados en el escándalo, incluido un grupo de congresistas, así como la condena contra el exsubdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, Sneyder Pinilla y la medida de aseguramiento contra los expresidentes del Senado Iván Name y de la Cámara, Andrés Calle, proferida la semana pasada por la Corte Suprema de Justicia, para incorporarlos dentro del estudio que hace de las demandas contra la reforma.Lo que busca el magistrado Ibáñez es determinar si en las dos ponencias que prepara, plantea de oficio el hundimiento de la reforma pensional, con base en las declaraciones de exfuncionarios corruptos como Olmedo López y Sneyder Pinilla y de las hipótesis de la Corte Suprema y de la Fiscalía, según las cuales, el soborno de cuatro mil millones de pesos en efectivo girado por orden de funcionarios del Gobierno a Iván Name y Andrés Calle, se habría dado a cambio de que apoyaran el trámite de las reformas pensional y de salud en el Congreso.La teoría que busca confirmar o desvirtuar el magistrado Ibáñez es si mediante el pago de sobornos a los entonces presidentes de Senado y Cámara por parte del Gobierno del Presidente Gustavo Petro, todo el trámite de la reforma pensional estuvo viciado, con base en el artículo 129 de la Constitución, que señala que “toda reunión de del Congreso que, con el propósito de ejercer funciones propias de la Rama Legislativa del Poder Público, se efectúe fuera de las condiciones constitucionales, carecerá de validez; a los actos que realice no podrá dárseles efecto alguno, y quienes participen en las deliberaciones, serán sancionados conforme a las leyes”.La hipótesis es que la reforma pensional se habría tramitado con el vicio de la voluntad de al menos dos congresistas, Name y Calle, por medio de sobornos y eso habría afectado todo el trámite de la ley, incluso en el Senado, no solo por acción sino por omisión, es decir: la justicia evalúa si incluso las ausencias recurrentes de Iván Name presidiendo las sesiones del Senado, dejando encargada a la entonces vicepresidenta María José Pizarro, tuvieron relación con el supuesto pago de 3 mil millones de pesos que le hizo Sandra Ortiz.¿Qué dice la Corte Suprema en la medida de aseguramiento contra Name y Calle? “Aproximadamente para el mes de septiembre de 2023, y hasta alrededor del mes de abril del año 2024, incluido este mes, posiblemente se habría fraguado un acuerdo para que Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, estos últimos director y subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), respectivamente, utilizaran recursos públicos de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, entre otras cosas, con el fin de comprar la función de algunos congresistas, en procura de que estos coadyuvaran en el trámite y aprobación de proyectos de reformas legislativas presentadas por el Gobierno Nacional. En concreto, para que colaboraran en el impulso de los proyectos encaminados a modificar el Sistema Pensional y el Sistema de Salud, el primero de los cuales se convirtió finalmente en la Ley 2381 del 16 de julio de 2024”.Aunque el presidente Gustavo Petro niega con vehemencia que el senador Iván Name haya recibido sobornos para apoyar la reforma pensional, la última palabra la tendrá la justicia: por una parte, la Corte Suprema que dice lo contrario y en el caso de la reforma pensional, la última palabra la tendrán los nueve magistrados de la Corte Constitucional.