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A punto de cumplirse tres semanas del inicio de la catástrofe humanitaria en el Catatumbo, con el paso de los días no solo crece la magnitud de la tragedia por decenas de asesinatos y el desplazamiento forzoso de más de 50 mil personas, también la opinión comienza a entender la magnitud de la desfinanciación del presupuesto para la Fuerza Pública, al tiempo que varios funcionarios del Gobierno comienzan a reconocer fallas en prevenir y atender la situación.
La situación en la frontera con Venezuela está lejos de normalizarse, mientras la Fuerza Pública sigue adelantando operaciones humanitarias para rescatar a las comunidades confinadas, en la práctica se está desintegrando el llamado Frente 33 de las disidencias de las Farc, tras el asesinato de una cantidad indeterminada de sus integrantes a manos del ELN, lo que ha llevado a que 115 de sus integrantes se hayan entregado a las autoridades, de los cuales 20 son menores de edad.
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Hablando del Catatumbo, crecen las dudas sobre la cifra exacta de personas asesinadas en las últimas tres semanas, ya que si bien Medicina Legal ha logrado identificar los cadáveres de 52 personas, un número similar de cadáveres todavía estarían en la zona de los combates, sin que se haya permitido su levantamiento.
Capítulo aparte merece la controvertida alianza que anunció el presidente Gustavo Petro con el régimen de Nicolás Maduro para recuperar el control de la frontera y sumar esfuerzos armados para cerrarle el paso al ELN: Blu Radio reveló que en la actualidad no hay coordinación ni os de las Fuerzas Militares colombianas con sus pare venezolanos, entre otras cosas porque Colombia no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela.
Además, se supo que aunque actualmente no se presentan todavía indicadores de escasez de presupuesto para desplegar las Fuerzas Militares en el Catatumbo, sí existe gran preocupación en la cúpula de las diferentes fuerzas, debido a que no existe la posibilidad financiera de adquirir nuevos elementos tecnológicos clave para consolidar el control territorial como drones u otros dispositivos, sumado a que este panorama también podría afectar el trabajo de las Fuerzas Armadas en otras 12 regiones del país que hoy están en crisis por alteraciones del orden público como Cauca, Arauca, entre otras.
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Adicionalmente, llamó la atención que durante la continuación de una audiencia pública en la Corte Constitucional sobre la seguridad de los firmantes del acuerdo de paz con las Farc, además del duro jalón de orejas al Ejecutivo por parte de la magistrada Cristina Pardo, funcionarios del Gobierno como el Alto Comisionado de Paz Otty Patiño reconoció que “no hubo un análisis a fondo” sobre los motivos que estaban llevando al resurgimiento de la violencia en el Catatumbo, lo cual deja mal parada la tesis que sustentó la declaratoria de Conmoción Interior.
Esta suma de factores que detallamos muestran la evidente crisis que afronta la política de paz total del Presidente Gustavo Petro, quien tiene la obligación de dar un “timonazo” urgente para evitar el desborde de violencia y muerte en todo el territorio colombiano.
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