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La violencia está desbordada en diferentes regiones del país, cuyos responsables son delincuentes comunes y grupos ilegales que pretenden disfrazar sus crímenes con un falso ropaje político como el ELN, las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo, Los Pachenca, y muchos otros.
Con sus actuaciones violentas permanentes, el ELN ha demostrado con creces que no tiene voluntad de paz: no solo asesinó con explosivos a cinco militares en Anorí, sino que mantuvo confinados a centenares de miles de chocoanos con un absurdo paro armado en medio de las graves emergencias por las lluvias.
Las disidencias de las Farc también continúan recrudeciendo la violencia contra la población civil: 'Iván Mordisco' reclutó a 15 niños en El Plateado para su grupo, también sería el responsable de una fosa común con los cuerpos de cinco personas asesinadas, que apareció en Buenos Aires, Cauca.
Mientras tanto, las disidencias de alias 'Calarcá' continúan expandiéndose y a pesar de que en teoría están en una mesa de diálogo con el gobierno con cese del fuego incluido, se convirtieron en la pesadilla de miles de colombianos en el sur del Tolima, en Huila, en Meta, Caquetá y otros departamentos, quienes siguen siendo citados a reuniones a plena luz del día para obligarlos a pagarles extorsiones, llegando al nivel de descaro de expedir recibos para certificar el pago de la vacuna.
Por el lado de alias 'Iván Márquez', que por tercera vez está dándole un portazo a la mano tendida del Estado para que deponga las armas, tras separarse de la Segunda Marquetalia que él mismo creó, es inaceptable que el Comisionado de Paz Otty Patiño siga dándole nuevas oportunidades de negociación a un hombre que tampoco está interesado en abandonar la ilegalidad.
Mientras tanto, los antiguos paramilitares también quieren disfrazarse de grupos insurgentes, como en el caso de Los Pachenca en la Sierra Nevada de Santa Marta, quienes a propósito han emprendido una preocupante ofensiva en los últimos días para extorsionar masivamente a las grandes empresas, para que puedan seguir distribuyendo sus productos.
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La mayoría de esos grupos tienen vasos comunicantes con el narcotráfico, por eso resulta desconcertante la propuesta del presidente Gustavo Petro para que la JEP, que según su idea debería ser un tribunal de cierre del conflicto, conceda beneficios penales a los narcotraficantes.
Aunque anoche el presidente dijo que según el acuerdo de paz, la JEP tiene que aceptar a los narcos y no lo está haciendo, lo cierto es que lo consignado en el acuerdo del Teatro Colón, revisado por la Corte Constitucional, señala que la competencia de esa jurisdicción se limita únicamente a los antiguos guerrilleros de las Farc y a de la Fuerza Pública, en ningún caso la Jurisdicción Especial fue creada para lavarle la cara a los narcotraficantes.
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