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A poco más de dos meses de entrar en vigencia la reforma pensionaldel gobierno del presidente Gustavo Petro, esa iniciativa acaba de recibir un espaldarazo importante de la Procuraduría General de la Nación, que le pidió a la Corte Constitucional que avale dicha norma.
El procurador general Gregorio Eljach firmó el concepto enviado a la Corte, en el que explica que en su concepto, “el trámite legislativo de la reforma pensional no quebrantó los preceptos constitucionales, legales y jurisprudenciales que establecen los requisitos formales para que un proyecto sea ley de la República, aunque en el curso de la sesión del 14 de junio de 2024 en la plenaria de la Cámara de Representantes, se hubiera cerrado el debate con la moción de suficiente ilustración y se hubiera sometido a votación el texto previamente aprobado por el Senado, habiendo aún oradores inscritos y proposiciones sin discutir”.
Reconoce el procurador Eljach, quien durante más de 12 años fue secretario general del Senado, que “es probable que haya ocurrido alguna irregularidad en ese debate, pero la misma es constitucionalmente irrelevante”, por que en su opinión, “no bloqueó la posibilidad de que el Congreso de la República expresara válidamente su decisión”.
El concepto del procurador Eljach, elaborado luego de que la Corte le negara la petición para declararse impedido, es diametralmente opuesto al que había rendido su antecesora, Margarita Cabello, quien en noviembre de 2024, había pedido a los magistrados que tumbaran la reforma pensional, por considerar que sí se habían presentado vicios de forma en su trámite en el Congreso.
La discusión en la Corte gira en torno a si la reforma pensional fue publicitada de manera adecuada por medio del Diario Oficial durante el paso del proyecto de Senado a Cámara, para habilitar la posibilidad de que la Plenaria de la Cámara baja votara sin discusión, lo aprobado en el Senado.
La Corte debe definir en las próximas semanas si avala o no la reforma pensional del presidente Gustavo Petro, sustentada en cuatro pilares, que a partir de su eventual entrada en vigencia, le dará una mayor importancia al papel de Colpensiones que a los fondos privados.
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En ese contexto, la gran duda que surge y que ha sido objeto de debate en el Senado es si el gobierno del presidente Gustavo Petro ha hecho lo suficiente para que la transición de regímenes pensionales se haga de forma tranquila y ordenada, sobre lo cual hay muchas dudas entre los actores del sector y desde el Congreso de la República. Ojalá se aceleren los trámites para evitar traumatismos para millones de colombianos a partir del primero de julio.
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