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La crisis de orden público se agravó en los últimos días, con la arremetida terrorista de la mayoría de los grupos criminales con los que el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha tenido acercamientos o negociaciones de paz.
El hecho más grave ocurrió en el departamento de Guaviare, tras la emboscada cometida por las disidencias de alias 'Calarcá' contra una patrulla del Ejército que dejó seis soldados asesinados y otros tres heridos. Este hecho deja muy mal parada la suspensión de operaciones militares contra ese grupo, firmada por el ministro de Defensa el pasado 17 de abril y que tiene vigencia hasta el 18 de mayo.
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El ministro aseguró que a estos grupos no les interesa “la vida, la paz ni la protección del medio ambiente” y advirtió que todos los de la Fuerza Pública deben emplear todas las capacidades, incluyendo operaciones militares y de Policía para proteger a la población, incluso durante la suspensión temporal de operaciones ofensivas.
Pero las disidencias de 'Calarcá' no se dedican únicamente a masacrar soldados: en los últimos meses se han convertido en el flagelo para miles de campesinos, comerciantes y personas del común a las que mensualmente les llega el recibo de cobro de las extorsiones por parte de estos criminales en departamentos como Meta, Guaviare, Caquetá, Huila, entre otros.
Un camino de violencia y muerte similar vienen recorriendo el Clan del Golfo y el ELN, quienes serían los directos responsables del llamado Plan Pistola contra integrantes de la Fuerza Pública: en las últimas dos semanas han sido asesinados 13 policías y cinco militares en acciones cometidas en diferentes departamentos del país.
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Los únicos procesos de paz que parecieran avanzar son los que se adelantan con el frente Comuneros del Sur y con la gente de los Comandos de Frontera, que se comprometieron a concentrarse en determinados sitios del país para iniciar su proceso de desarme.
El Gobierno del presidente Petro es consciente del fracaso de la Paz Total, que había sido la bandera del ejecutivo durante sus dos primeros años de mandato: el pasado viernes, el ministro del Interior Armando Benedetti lanzó un ultimátum a las organizaciones criminales, en el sentido de advertirles que si en tres semanas no se concentran en determinados puntos del país, se suspenderá la mesa de negociaciones con ellos.
Lamentablemente la situación de orden público en el país se viene complicando en las últimas semanas, con muy pocas alusiones al tema por parte del presidente Gustavo Petro: ojalá el “timonazo” que pretende darle a la situación no haya llegado demasiado tarde.
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