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La defensa de las comunidades víctimas del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en La Guajira solicitó formalmente a la fiscal Luz Adriana Camargo que se imputen cargos y se pida prisión preventiva para Carlos Ramón González, exdirector del Departamento istrativo de la Presidencia, Dapre; César Augusto Manrique, exdirector de la Función Pública; y Gerardo Vega, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). La petición se basa en la presunta comisión de cinco delitos: concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado, entre otros.
Según la Fiscalía, Luis Carlos Barreto Gantiva, subdirector de Conocimiento de la UNGRD, y César Augusto Manrique Soacha habrían jugado roles clave en el esquema de corrupción que afectó gravemente la destinación de recursos en La Guajira. El esquema comenzó con la modificación del convenio 9677-CV020-021-2023 entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) y la ANT. La investigación revela que Gerardo Vega, entonces director de la ANT, y Olmedo López, exdirector de la UNGRD, acordaron reducir 100.000 millones de pesos del convenio, fondos que inicialmente estaban destinados a proyectos para comunidades vulnerables.
Estos recursos liberados fueron redirigidos al FNGRD con la condición de beneficiar a empresarios seleccionados previamente. En contraprestación, se estableció un sistema de sobornos del 12 % sobre cada contrato adjudicado. Las pruebas apuntan a que Barreto y Manrique facilitaron el direccionamiento de contratos para obras como plantas desalinizadoras y pozos subterráneos en La Guajira, pero los proyectos fueron manipulados para favorecer a empresarios cercanos a cambio de coimas.
“El resultado fue un peculado a favor de terceros”, señala la Fiscalía, detallando que las ganancias ilícitas se distribuyeron entre López, Barreto, Manrique y otros funcionarios involucrados. La defensa de las comunidades víctimas de este esquema de corrupción insiste en que estas acciones no solo desviaron recursos destinados a resolver problemas críticos, sino que también perpetuaron la vulnerabilidad de una región que sigue enfrentando crisis humanitarias.
Por su parte, los abogados de las comunidades piden justicia: “Es necesario que los responsables enfrenten las consecuencias legales y que los recursos sean recuperados para beneficiar a quienes realmente los necesitan”. La solicitud de imputación y medidas de aseguramiento busca que se garantice la reparación del daño causado y se establezcan precedentes para evitar que este tipo de actos se repitan.
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