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El frente occidental Omar Gómez de la guerrilla del ELN anunció un paro armado indefinido desde las 6:00 de la tarde, del jueves, 15 de diciembre, en algunos municipios del departamento de Chocó. Por esto, la Defensoría del Puebloestá alertando que, en Istmina, Medio San Juan, Sipí y Nóvita, al menos 9.800 personas se encuentran en confinamiento de manera indefinida.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, se refirió a este tema en Mañanas Blu y explicó su posición frente a estos hechos.
"Hemos venido monitoreando esta situación humanitaria, en este caso hemos hecho una solicitud a las distintas autoridades para los habitantes de Chocó por el confinamiento tras el anuncio del paro armadopor parte del ELN. La situación es bastante preocupante no solamente en la subregión del medio San Juan quienes vienes afrontando confinamiento y desplazamiento a causa de diferentes circunstancias. También encontramos eventos de explosivos y todo por la disputa del ELN y en Clan del Golfo que se han venido agudizando en los últimos días. Todas estas circunstancias desde las alertan tempranas las hemos advertido, el llamado a las autoridades es actuar inmediatamente”, señaló Camargo.
Además, el funcionario de los diálogos que se llevan a cabo entre esta guerrilla y el Gobierno Nacional habló del papel que deben tener las víctimas en estas negociaciones.
“Quiero ser enfático y claro, aquí las víctimas deben tener participación directa en las mesas de negociaciones, no solo con el ELN sino con cualquier grupo armado ilegal porque este es un actor fundamental… El llamado es que mientras el Gobierno Nacionalconduce conversaciones y negociaciones con diversos actores armados, la voz de las víctimas debe ser escuchada con atención y sus derechos a la verdad, a la justicia y a la no reparación tendrán que ser garantizado (…) El inicio del paro armado anunciado es un pésimo mensaje para los diálogos, porque además que continúan afectando a la población y revictimizándola, afectan la poca confianza que tienen las comunidades”, enfatizó.
Finalmente, Camargo se refirió a los llamados gestores de paz que según informó Noticias Caracol, los jóvenes que serán liberados, son aquellos que estén en condición de sindicados y no los que estén condenados.
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“La Defensoría expresa su legítima preocupación por la decisión del Gobierno Nacional de otorgar beneficios a unos ciudadanos que en la actualidad se encuentran privados de la libertad por presuntos hechos delictivos en el marco del paro nacional del 2021. Por supuesto, la Defensoría es respetuosa de las cada una de las ramas del poder público; sin embargo, considera imperioso poner de presente que esta iniciativa podría poner en riesgo las garantías de no repetición. Toda vez que no se advierte que está decisión política este acompañada de las medidas necesarias para garantizar el debido proceso y la garantía a las victimas y a la sociedad”, mencionó.
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