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La Unidad Nacional de Protección (UNP) firmó dos contratos para avanzar en la protección colectiva de varias comunidades indígenas,debido al decreto 1066 que establece que son sujetos de protección especial los dirigentes, representantes o de los grupos étnicos. Por eso, se contrató la compra de más de 2.500 bastones de mandos y 51 mulas aperadas.
Señaló la entidad que los contratos se desarrollan siguiendo las sugerencias del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de medidas de protección para la compra de dichos elementos y animales para la protección colectiva de, por lo menos, 29 comunidades de distintas regiones del país.
El primer contrato se firmó con la Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona, a través de ella se adquirieron 1.805 bastones de mando y 45 mulas aperadas. El segundo contrato es con la Asociación de Cabildos Indígenas del Municipio del Carmen de Atrato-Daubana y con ella se adquirieron otros 750 bastones de mandos y 6 mulas aperadas.
“Los servicios objeto del presente contrato tienen como finalidad la adquisición de bastones de mando de acuerdo con las creencias ancestrales y culturales; el ritual de armonización realizado por el resguardo de acuerdo con sus creencias; manteniendo connotaciones diferentes a los otros resguardos indígenas; sin ninguna otra particularidad técnica”, señala el contrato.
Además, agrega que las mulas deben “ser rezadas dando el poder espiritual a los mismos por su significado cultural, de identidad y autonomía; para lo cual, de acuerdo con sus costumbres y rituales se realizará una armonización con plantas medicinales de conformidad con el uso y creencias del resguardo”.
El valor del primer contrato es de $856 millones y el valor del segundo es de $267 millones. “La Unidad Nacional de Protección cancelará el valor del contrato en único pago, una vez cumplido a entera satisfacción el objeto contractual y se haga previa presentación de la certificación o informe del supervisor en el cual avale el cumplimiento de la entrega en perfecto estado de los elementos”, añade el contrato.
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Así lo señaló Pedro Manuel Loperena, comisionado de derechos humanos del pueblo indígena wiwa de la Sierra Nevada de Santa marta, quien explicó la importancia de estas medidas diferenciales para la protección colectiva de las comunidades.
“Este tipo de estrategia fue construida desde las bases de la organización wiwa en acercamiento con la UNP, en ese entonces, bajo la istración de Pablo Elías González y estuvimos en trabajo con la comunidad y desde allí nació la idea de consolidar el tema de la guardia indígena con aportes de dotación”, señaló el líder indígena.
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Manifestó, además, que “la comunidad ha recibido eso en plena satisfacción, se cumplió en un 100 % dicha medida y hasta el momento ha servido y ha sido de mucha de utilidad ese tipo de estrategia y de dotación, lo cual ayudó a que la guardia indígena del pueblo Wiwa, que se tenía como un sueño, se hiciera realidad”.
Y, sobre el proceso espiritual, explicó: “Todo lo que se adquiere tiene que pasar por un proceso de ritualidad y de limpieza y se hacen pagamentos por la adquisición de los diferentes objetos o animales con el objetivo de que cuando llegue al territorio no traiga inconformidad de convivencia con la gente y para que puedan tener una mayor durabilidad y un mayor uso en beneficio de la comunidad”.
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