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Después de que el Gobierno, en cabeza del Ministerio de Educación, radicará ante la Cámara de Representantes el proyecto de Ley Estatutaria de Educación. La Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle y la Universidad Industrial de Santander le emitieron un comunicado con sus reflexiones en relación a la iniciativa.
“Reconocemos el esfuerzo del Gobierno nacional al presentar un proyecto de Ley Estatutaria que refuerza el carácter de derecho fundamental de la educación en todos los niveles”, se lee en el texto de dos páginas.
Las instituciones respaldaron la presentación de la iniciativa ante el Congreso calificandola de “necesaria” y “oportuna”.
Además, aseguran que la radicación ante el legislativo permitirá que todo el sector educativo trámite las diferentes posturas a favor y en contra del texto, así como se articule con la Ley 30 de 1992. “El articulado propuesto debe iniciar su discusión en el Congreso de la República, en este escenario las Universidades y demás actores del Sistema realizaremos más aportes que contribuyan a la garantía de una educación de calidad, con , cobertura, progresividad, universalidad, financiamiento adecuado, enfoque territorial, equidad”.
Y son contundentes al decir que "respaldamos la apuesta del Gobierno nacional de garantizar el derecho a la educación desde la ampliación de la cobertura, el cierre a las brechas de y el fomento de la calidad y la pertinencia, reconociendo que nuestro sistema educativo es mixto”.
El texto de la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle y la Universidad Industrial de Santander se conoce luego de que la Universidad de los Andes, EAFIT, Sabana y Javeriana presentaran un documento con los reparos hacia la iniciativa.
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Sin embargo, las universidades públicas también aseguraron que respetan la autonomía universitaria y hacen un llamado a que se siga permitiendo que las universidades puedan “seguir creando y gestionando conocimiento en independencia” ya que no pueden “ponerse en riesgo al desconocer las diferencias entre las instituciones de la educación superior”.
Las instituciones le pidieron al Gobierno que agilice el trámite de la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 para “tomar medidas urgentes para la superación del déficit presupuestal que aún hoy mantienen las universidades”.
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