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El próximo 23 de diciembre, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, solicitará en audiencia pública la suspensión de un contrato por más de 42.000 millones de pesos para la instalación de plantas desalinizadoras en La Guajira.
Este acuerdo, firmado el 9 de febrero de 2023 por el entonces director de la UNGRD, Olmedo López, que está en el centro de una investigación de la Fiscalía General de la Nación, que examina presuntos sobrecostos y posibles intereses indebidos en su celebración.
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El contrato en cuestión tiene como propósito la construcción de tres plantas desalinizadoras para abastecer de agua potable a los corregimientos de Bahía Honda, Irraipa y Puerto López, además de un proyecto similar para Puerto Estrella, en La Guajira. Sin embargo, el proyecto ha sido objeto de cuestionamientos debido a la falta de transparencia en su adjudicación y las sospechas de corrupción vinculadas a la anterior istración de la UNGRD.
A pesar de que aún no se ha realizado ningún desembolso, el contratista ha ejercido presiones para que se efectúen pagos, lo que ha motivado la solicitud de medida cautelar por parte de la actual dirección de la Unidad. Carrillo ha subrayado el compromiso de la UNGRD con la transparencia y la gestión eficiente de los recursos públicos, y ha dejado claro que no cederá a presiones provenientes de contratistas involucrados en escándalos de corrupción, como el de este contrato.
La solicitud de suspensión del acuerdo se produce en medio de un proceso judicial en el que se imputaron cargos a Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López Rosero, quienes están siendo investigados por su presunta responsabilidad en el manejo irregular de los recursos.
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