
A la cárcel Sandra Ortiz por escándalo de corrupción en la UNGRD
La justicia consideró que los elementos aportados por la Fiscalía soportan la medida de aseguramiento.

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Una jueza de control de garantías de Bogotá, ordenó la detención preventiva en centro carcelario de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, tras su presunta implicación en el escándalo de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La Fiscalía presentó pruebas contundentes que vinculan a Ortiz con presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos y manejo de recursos públicos destinados a la atención de emergencias y desastres en el país. Durante la audiencia, la jueza destacó que las evidencias aportadas por el ente acusador fueron suficientes para justificar la medida.
“La medida es razonable, dado que la misma Constitución y la misma ley la prevén, así como el bloque de constitucionalidad. Frente a ello, los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía, en discusión con los de la defensa, prevalecen y soportan esa medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario”, argumentó la jueza en su decisión.
El escándalo de corrupción en la UNGRD, organismo que se encarga de atender y prevenir emergencias causadas por desastres naturales en el país, fue destapado por la prensa en febrero pasado y desde entonces ha ido creciendo hasta alcanzar a altos funcionarios del Gobierno.
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Entre los señalados figura el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, quien según la Fiscalía fue determinante, en coordinación con el exdirector de la UNGRDOlmedo López para la adjudicación de tres contratos por 92.000 millones de pesos.
Según la investigación, los dos funcionarios supuestamente buscaban beneficiar a cinco congresistas y a un exrepresentante a la Cámara, que también están siendo investigados en este caso, a cambio de que apoyaran la ampliación del cupo de endeudamiento del Gobierno.
También, están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia los expresidentes del SenadoIván Name y de la Cámara de Representantes Andrés Calle, acusados de los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros.
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Este escándalo también salpica a Carlos Ramón González, que renunció en julio pasado a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), cercano al presidente Gustavo Petro.
Los implicados en el entramado habrían malversado 46.800 millones de pesos en la compra de 40 camiones cisterna para llevar agua potable a zonas desérticas del departamento caribeño de La Guajira.