Sneyder Pinilla, quien recientemente guardó silencio ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ha acusado a Andrés Calle e Iván Name de recibir dinero en declaraciones hechas fuera del alto tribunal. Ahora, nuevas revelaciones indican que Pinilla podría ampliar su colaboración con cinco nombres adicionales si se le concede un principio de oportunidad.
Fuentes cercanas a la investigación han revelado información crucial contenida en la matriz de colaboración de Pinilla, quien busca obtener beneficios judiciales por parte de la Fiscalía General de la Nación. Entre los nombres mencionados por Pinilla se encuentran varios contratistas y funcionarios de la entidad.
Sin embargo, uno de los principales testigos del caso ha declarado que aún no ha revelado toda la información, esperando una definición clara sobre el tipo de inmunidad parcial y los delitos específicos por los que debería responder. Este testigo ha afirmado que, una vez se concrete esta fase procesal y la fiscal general Luz Adriana Camargo firme el documento de principio de oportunidad, llevándolo a un juez para su validación, se añadirán cinco nuevos nombres a la matriz de colaboración. Entre estos nombres se encuentran políticos, contratistas y otros funcionarios.
Además, se ha conocido que Pinilla entregará pruebas clave, incluyendo sus celulares y extracciones forenses de las conversaciones, que contienen chats que corroboran los encuentros en el departamento de Córdoba, donde se le habrían dado a Andrés Calle 1.000 millones de pesos, y en el Hotel Tequendama, donde se habría entregado el dinero a Iván Name, por medio de Sandra Ortiz, con una suma de 3.000 millones de pesos.
Paralelamente, Olmedo López ha estado en un interrogatorio de seis horas, durante el cual ha proporcionado una declaración juramentada y grabada sobre el esquema de corrupción que comenzó con los carrotanques. A pesar de los esfuerzos por obtener declaraciones de López durante los recesos, este ha cumplido con la orden del ente acusador de no hablar con los medios hasta que se defina si accederá a un principio de oportunidad.
Mientras tanto, la Contraloría, que previamente no tenía conocimiento de la corrupción interna de la entidad, ha descubierto un esquema de corrupción que se ha gestado durante al menos cinco años, involucrando contratos irregulares por valor de cinco billones de pesos, especialmente en el departamento de Santander.
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