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Sin una ley de financiamiento, la inversión del Gobierno nacional se desplomaría a la mitad frente a que existe este año y por eso el Gobierno dará la pelea por un proyecto de ley tributario de gran calado en la próxima legislatura, esa fue la gran conclusión del consejo de ministros liderado por el presidente Gustavo Petro en las últimas horas según fuentes consultadas por Blu Radio.
Esto quiere decir que la reforma tributaria que prepara el Ministerio de Hacienda no se limitará a bajar el impuesto a la renta para las empresas y dar algunos estímulos tributarios, como se anunció inicialmente, sino que se buscarán también ingresos adicionales para la nación.
Hoy no es claro si ambas cosas irán en un mismo proyecto de ley o en iniciativas por separado.
No está decidido del todo, pero las cifras del Gobierno dan algunas pistas.
Para empezar está la cuenta de X del presidente Gustavo Petro: “Ahora presentaremos un plan de reactivación económica al Congreso y una ley de financiamiento para reponer lo perdido en la reforma tributaria”.
En su momento, la reforma tributaria del Gobierno nacional buscó ingresos por 25 billones de pesos al año.
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Otro punto de referencia es el nivel actual de la inversión. Después del recorte, la inversión quedó en 92.6 billones de pesos. Solo para mantenerla en ese nivel, el Gobierno tendría que encontrar ingresos por unos 46,3 billones. Sin embargo, hay que tener en cuenta que todavía el país necesita un recorte adicional de unos 31 billones de pesos según la advertencia del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) y el nivel real de inversión este año al final del día será mucho más bajo.
El tercer punto de referencia está en el marco fiscal presentado hace algunas semanas, en donde se estima que el presupuesto de la nación sin deuda llegará al 17.6 % del PIB, unos 313 billones de pesos. Esa cifra implica un nivel bajo de inversión para el año entrante, por lo que, si el Gobierno quiere una inversión mayor, necesitará ingresos frescos.
La ley colombiana establece que el presupuesto que el Gobierno presente al congreso debe estar financiado: es decir, los ingresos deben ser iguales a los gastos.
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Sin embargo, en el pasado varios gobiernos han presentado presupuestos desfinanciados en los que varias partidas van atadas a la aprobación de una ley de financiamiento, a la que comúnmente se le dice también reforma tributaria.
La diferencia es que si la ley de financiamiento no es aprobada, el presupuesto termina recortado de forma automática y, en el pasado, ese ha sido un argumento poderoso para que esa clase de leyes sea aprobada en el Congreso de la República.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo en sus últimas intervenciones públicas que buscará bajar el impuesto a la renta de las empresas, pero también está detrás de un mayor impuesto al carbono y de una pequeña modificación a la regla fiscal.
El Gobierno se ha quejado de la decisión de la Corte Constitucional de tumbar un artículo que obligaba a las empresas del sector de minas e hidrocarburos a pagar impuesto a la renta sobre las regalías, sin embargo, la misma corte en el pasado ha avalado la creación de sobretasas en el impuesto a la renta a varios sectores incluido el del petróleo.
Algunos expertos creen que el Gobierno tiene pocos caminos para aumentar el IVA (algo que ya el Gobierno ha descargado), aumentar la base de personas declarantes del impuesto a la renta y seguir desmontando exenciones tributarias.
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