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La Comisión de la Verdad presentó sus recomendaciones para que el Estado, la sociedad civil y el próximo gobierno, puedan avanzar hacia la paz y evitar cometer los mismos errores que llevaron a que se presentara un conflicto armado en Colombia.
La Comisión determinó que durante mucho tiempo las víctimas fueron negadas o justificadas mientras se presentó una ausencia de Estado en los territorios, el 90 % de las víctimas pertenecieron a la sociedad civil y al menos el 20 % de los colombianos se vieron afectados directamente por la violencia, la guerra se agudizó entre 1996 y 2008 y en el 42 % de los casos recogidos por la Comisión, las personas fueron víctimas de distintos hechos en varios momentos e, incluso, por diferentes grupos armados.
Las recomendaciones tienen énfasis en ocho puntos, los cuales son:
En un primer momento piden una implementación total del acuerdo de paz y explican que es una urgencia crear un ministerio que lidere los asuntos de paz con un enfoque territorial que permita articular las acciones en búsqueda de la reconciliación.
Por otro lado, solicitan retomar diálogos con el ELN y, por otra parte, “avanzar en la formulación e implementación de una política de sometimiento a la justicia, tanto individual como colectiva, que ofrezca incentivos razonables, que ponga en el centro a las víctimas y garantice los derechos a la verdad", se lee en el texto.
La cooperación internacional y en el mismo sentido el restablecimiento de relaciones con Venezuela son puntos importantes para lograr la paz, "es importante el restablecimiento de las relaciones con la República Bolivariana de Venezuela y el fortalecimiento de las relaciones con los países vecinos. Esto en aras de mejorar las condiciones de seguridad y de vida de las comunidades que habitan en las zonas de frontera".
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En el punto sobre la reparación de las víctimas consideran que se deben implementar más medidas para atender física y psicológicamente a quienes se vieron afectados por el conflicto, apoyar las labores de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos y que se sigan llevando a cabo los eventos de reconocimiento entre víctimas y responsables, pero también que por parte del Estado se reconozcan casos como los falsos positivos.
Otras recomendaciones están encaminadas a lograr una democracia amplia, plural y garantista de derechos. En este sentido plantean excluir las armas de la política, garantías para los grupos minoritarios, líderes sociales y campesinos.
Todo esto, "en el marco de la construcción de un Pacto Nacional de rechazo a la violencia y un compromiso de exclusión de las armas de la política. Avanzar en una reforma al régimen político y electoral, que tenga en cuenta las propuestas realizadas por la Misión Especial Electoral creada en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz, a través de una discusión amplia y plural para la búsqueda de consensos alrededor de las garantías para un régimen pluralista".
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Posteriormente se refieren a las garantías que debe tener la protesta pacífica y el respaldo que debe haber para las mismas desde las instituciones, asimismo explican que se debe reducir a cero los homicidios o heridos con arma de fuego por parte de la Policía, la reforma o eliminación del Esmad y, "medidas para evitar el uso del sistema penal y otras normativas como mecanismos de represión de las movilizaciones y protestas sociales pacíficas y legítimas. La prohibición de la intervención militar en operativos de control y contención de los disturbios surgidos en situaciones de protesta y movilización social".
Para la Comisión de la Verdad la política de lucha contra las drogas y el narcotráfico ha sido un factor de persistencia del conflicto, y el cambio debe ser sustancial, acabar con el sistema prohibicionista, así como desmilitarizar la respuesta del Estado a la problemática.
"Transitar a la regulación de los mercados de droga. Este cambio debe dejar atrás el abordaje del problema de las drogas como un asunto de seguridad nacional y debe contribuir a desmilitarizar la relación entre el Estado y la ciudadanía. Liderar y promover un debate internacional para la modificación del régimen global basado en la prohibición de las drogas y así avanzar hacia un régimen regulatorio", puntualiza la Comisión.
La impunidad en la justicia frente a las violaciones a los derechos humanos es otro de los puntos que preocupa a la Comisión, por lo que se debe contribuir al desmantelamiento de organizaciones criminales y garantizar el a mecanismos para la resolución de conflictos.
"Sobre independencia e imparcialidad se proponen reformas institucionales. La primera de ellas está relacionada con el mecanismo de elección del fiscal general, en la que el Ejecutivo no debería tener injerencia para fortalecer la independencia desde el diseño institucional. Que la Fiscalía General asuma la investigación de todos los delitos cometidos por de las Fuerzas Militares y que estos sean juzgados en la jurisdicción ordinaria, con excepción de los típicamente militares, es decir, aquellos que afectan la disciplina y el servicio", dice la Comisión.
En el mismo sentido se debe revisar el proceso de extradición y priorizar las investigaciones en Colombia, lo anterior con el fin de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad. Asimismo, la política de seguridad debe cambiar en el país, para la Comisión, en este sentido se debe realizar una reforma a la Policía, la cual contempla separarla del Ministerio de Defensa.
"La necesidad de garantizar el liderazgo y direccionamiento civil de las Fuerzas Militares y la Policía. La revisión de la doctrina, que juega un rol central en la conducción estratégica y operacional de las Fuerzas Militares y la Policía. Superar el paradigma de la guerra, el enemigo, y el modelo de la guerra contra las drogas", dice la Comisión.
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Por último, solicitan que se implemente la reforma rural integral para generar oportunidades en el campo, que haya más confianza entre las comunidades y las instituciones del Estado, buscar mecanismos que permitan superar y prevenir los conflictos por la tierra, así como tomar medidas urgentes para prevenir el despojo.
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