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La situación enGuaviare, donde un grupo de militares ha sido retenido por la llamada guardia campesina, ha generado un cruce de versiones entre el Ministerio de Defensa y el equipo negociador del Gobierno con las disidencias de las FARC. Camilo González Posso, jefe negociador del Gobierno con estos grupos armados, negó que esta retención sea una operación militar coordinada por el bloque disidente encabezado por alias ‘Calarcá’, contradiciendo así las afirmaciones del ministro de Defensa, Iván Velásquez.
En una entrevista en Mañanas Blu, González Posso enfatizó que la situación en Guaviare no debe interpretarse como una acción directa de las disidencias.
Según él, la retención de los militares por parte de los campesinos es el resultado de un conflicto sociopolítico, más que una operación militar organizada.
"La información que tenemos está dada por Naciones Unidas, el alcalde y la Defensoría del Pueblo. Este grupo de campesinos está reclamando que la fuerza pública se retire, pero no podemos decir que sea una operación militar de un bloque disidente", aseguró.
González Posso también aclaró que las comunidades involucradas han expresado su deseo de evitar un enfrentamiento armado en sus territorios, un factor que, según él, debe ser considerado al evaluar la situación.
“No creo que sean ellos quienes tengan que definir sobre cese al fuego o no cese al fuego, yo creo que no les corresponde”, subrayó.
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El ministro de Defensa, Iván Velásquez, había advertido previamente que la retención de los militares podría poner en riesgo el cese al fuego con las disidencias de alias Calarcá, insinuando una vinculación directa entre las comunidades campesinas y los grupos armados.
Sin embargo, González Posso cuestionó esta interpretación y sugirió que el gobierno debería enfocarse en analizar las raíces del conflicto social en la región
Que existen en esos territorios vínculos entre organizaciones sociales y la presencia de grupos armados es algo que debe establecerse, pero eso no niega el hecho de que quienes están en el terreno son civiles
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En su intervención, González Posso enfatizó la necesidad de resolver este tipo de conflictos a través del diálogo y la mediación, y no mediante acciones punitivas que podrían escalar la violencia en la zona. “El hecho concreto es cómo se resuelve el conflicto donde hay un grupo de civiles en una actitud irregular. Eso se resuelve mediante el diálogo”, afirmó.
Además, González Posso se refirió a las preocupaciones de los comerciantes de Mesetas y otros municipios del Meta y Guaviare, quienes han denunciado extorsionesy constreñimientos por parte de las disidencias. A pesar de la existencia de un mecanismo de monitoreo y verificación, el negociador itió que estas prácticas persisten, lo que pone en peligro el proceso de cese al fuego.
“La única cosa que le corresponde a la autoridad es perseguir el delito, perseguir el crimen, perseguir la extorsión. Eso no hay ningún protocolo, ningún cese al fuego que pueda oponerse a esa acción del Estado”, señaló.
Finalmente, González Posso reconoció la fragilidad del cese al fuego con las disidencias, describiéndolo como un proceso "en crisis recurrente", pero defendió su continuidad como una alternativa preferible a la guerra. "Pensamos que cese al fuego con crisis recurrente es preferible a una situación de guerra con la misma extorsión y sin ningún tipo de mecanismos de contención", concluyó.
La Procuraduría rechazó la retención de los militares, pertenecientes a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, quienes se encontraban desarrollando labores de control y presencia institucional en zona rural de San José del Guaviare, eventos que atentan contra los derechos humanos.
Hasta el momento, se conoció que 40 miltiares fueron liberados, mientras otros 60 continúan retenidos. Cumplen más de 48 horas de la privación de la libertad sin que hasta el momento se conozcan decisiones o pronunciamientos frente a su liberación por parte de las personas que los tienen en su poder
El ente de control hace un llamado al Gobierno nacional, a través de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Ministerio del Interior, para que implemente a cabalidad los mecanismos de veeduría, monitoreo y verificación establecidos en los decretos de cese al fuego con los grupos armados ilegales con presencia en el territorio.
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Con esto, busca que se permita la prevención de incidentes, garanticen el ejercicio de derechos ciudadanos de sus pobladores y eviten posibles infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
Además, expresó su preocupación por el uso de vías de hecho por parte de las comunidades en esa zona del país, y hace un llamado para que se respete la vida e integridad de estas personas y no se pierda de vista el apego a los mecanismos legales vigentes para denunciar y requerir la atención de las instituciones del Gobierno Nacional.
La Procuraduría afirmó que continuará haciendo vigilancia a la situación de orden público que afecta a esta zona del país.
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