
El conflicto dejó más de 900.000 personas afectadas entre enero y abril, advierte OCHA
La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU señala que el impacto del conflicto en Colombia sigue siendo alarmante.

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La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) reveló que, entre enero y abril, 953.000 personas se vieron afectadas por el conflicto armado en Colombia, la OCHA advierte que el impacto de la violencia en Colombia está en niveles alarmantes.
“Este número es cuatro veces superior al registrado en el mismo periodo de 2024. En abril, se reportaron nuevas emergencias humanitarias por desplazamiento masivo, confinamiento y restricciones a la movilidad en 12 departamentos, destacando la crisis humanitaria en las regiones del Pacífico, Orinoquía-Amazonía y el norte del país”, señala la OCHA.
En los primeros cuatro meses del año al menos 75.000 personas tuvieron que confinarse por la violencia, lo que representa un aumento del 59% frente al mismo periodo del año anterior.
“Durante marzo, 26.000 personas sufrieron restricciones a la movilidad debido a toques de queda, paros armados y combates, afectando especialmente a las regiones del sur y Pacífico. En Putumayo, Amazonas y Caquetá, más de 7.300 personas quedaron atrapadas por el cierre de tránsito fluvial en el río Caquetá, mientras que en Córdoba más de 8.000 personas enfrentaron restricciones por el temor al fuego cruzado tras un operativo militar”, se lee en el informe de la agencia de Naciones Unidas.
Las restricciones por el conflicto están afectando de manera particular a los niños, además se ha visto limitado el a servicios básicos y educación.
“Los ataques de violencia contra civiles aumentaron en un 112 %, incluyendo amenazas, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual. Además, los incidentes con artefactos explosivos (MAP, MSE, TE y drones) crecieron un 98 %, especialmente en el departamento del Cauca (24% de los eventos) y en Norte de Santander, dejando a comunidades atrapadas en medio de ataques. Este uso indiscriminado de artefactos explosivos en zonas rurales y urbanas incrementa el riesgo para la población civil y constituye una grave violación al Derecho Internacional Humanitario”, advierte la OCHA.