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La crisis humanitaria que atraviesa la región del Catatumbo ha generado una creciente preocupación por el bienestar de las comunidades afectadas por los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias. Esta situación ha obligado a miles de personas a abandonar sus hogares, creando un desafío adicional para el a servicios básicos, entre ellos, la obtención de documentos de identidad.
Ante esta emergencia, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha intensificado sus esfuerzos para garantizar que los desplazados puedan obtener o recuperar sus registros civiles y documentos de identidad. La entidad anunció que, en colaboración con la Procuraduría General de la Nación (PGN), ha comenzado a realizar trámites de identificación en las ciudades de Cúcuta y Ocaña, puntos clave de la región fronteriza que han recibido a un alto número de personas desplazadas.
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"Como parte de nuestro compromiso por garantizar la identificación de todos los colombianos, y de manera articulada con la Procuraduría llegamos hasta Cúcuta y Ocaña, Norte de Santander, para tramitar registros civiles y documentos de identidad a los afectados por el desplazamiento forzado en la región del Catatumbo", expresó la Registraduría en sus redes sociales.
El desplazamiento forzado ha afectado principalmente a las poblaciones rurales del Catatumbo, quienes se han visto obligadas a abandonar sus tierras debido a la violencia. La falta de documentación oficial representa un obstáculo adicional para la reconstrucción de sus vidas, ya que sin estos documentos es difícil acceder a programas de ayuda, educación, salud y, en general, ejercer plenamente sus derechos.
En respuesta a este desafío, la Registraduría ha desplegado un equipo de funcionarios para facilitar el a los trámites de registro civil, incluidos nacimientos, y cédulas de ciudadanía. Además, las autoridades están implementando mecanismos que permitan realizar estos trámites sin que los afectados tengan que desplazarse a las sedes oficiales, lo que reduce el riesgo y la carga para las personas en situación de vulnerabilidad.
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Este esfuerzo conjunto entre las instituciones del Estado busca no solo garantizar los derechos fundamentales de los afectados, sino también contribuir a la normalización de la situación en el Catatumbo, permitiendo que la población desplazada pueda iniciar nuevamente sus procesos de integración social y económica.
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