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Este 26 de septiembre se cumplirán cuatro años de la firma del acuerdo de paz en la ciudad de Cartagena, el acuerdo final de La Habana entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc, la del antes del plebiscito que no fue aprobado por los colombianos.
Sin duda existen algunos avances en algunos puntos y existen otros en los que los pasos hacia la implementación de lo acordado no avanzan, como si se hubieran detenido en el tiempo, que son importantes para el fin del conflicto.
“Le faltan leyes fundamentales, es necesario desarrollar todo el aspecto normativo del primer punto de reforma rural integral. Desarrollos como la reforma política, democrática que plantea el acuerdo en el segundo punto y muchas otras leyes que este gobierno no ha presentado a la consideración del congreso”, expresó el senador del Polo Iván Cepeda,
Para los firmantes y negociadores del acuerdo de paz, un punto fundamental de los acuerdos de paz es el de las 16 curules para las víctimas que por el momento están en el limbo y su implementación política no avanza.
“Tampoco la reforma política, indispensable la reforma política para arrancar de raíz el sistema clientelar que está previsto en el acuerdo, se creó una misión electoral para desarrollar la lista cerrada, una corte electoral independiente, la financiación estatal para acabar con el sistema corrupto de compra y venta de voto, esa reforma está sin hacer”, señaló el senador y exnegociador del gobierno Roy Barreras.
Para el punto tres, que tiene que ver con el fin del conflicto, las cifras no son las mejores, ya que existen más de 220 exguerrilleros según cifras de las Frac asesinados por grupos armados ilegales.
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“No se avanzado en la formulación de la policía pública para el desmantelamiento de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo y el gobierno no ha mostrado voluntad para implementar el sistema integral de garantías para el ejercicio desde la política”, dijo el senador, y firmante de los acuerdos, Carlos Antonio Lozada.
Según los firmantes, en la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, su implementación en su totalidad no se ha realizado como fue firmado en los acuerdos.
“Allí también hay claramente una deuda enorme porque el Estado, traicionando el acuerdo, desvinculó de los compromisos de asistir a este sistema y particularmente a la jurisdicción especial a los altos funcionarios civiles del Estado, entiéndase vicepresidentes, congresistas, gobernadores, alcaldes, que deberían comparecer también para aportar verdad frente a la responsabilidad del estado en la victimización en medio del conflicto. Se desvinculó de esa responsabilidad también a los altos mandos militares y también a los denominados terceros para quienes la corte dejó que fuera libremente ellos y decidan de no ir, violando el compromiso que se firmó en La Habana. De que allí deberían comparecer absolutamente todos los intervinientes del conflicto exceptuando a los presidentes”, indicó Carlos Antonio Lozada.
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El Gobierno del presidente Iván Duque, cumplió dos años de su gobierno y algunos coinciden en que su implementación está lenta en algunos puntos del acuerdo y otros están engavetados.
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