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En medio del debate sobre lareforma a la justicia, una de las propuestas que más controversia ha generado es la modificación del principio de oportunidad, una figura clave en el sistema penal. Este principio permite suspender, interrumpir o desistir de la acción penal en determinados casos a cambio de la cooperación del investigado con las autoridades.
La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, en una entrevista en Mañanas Blu, aclaró el alcance de esta medida dentro de la reforma y responder a las críticas que han surgido.
Buitrago subrayó que la reforma busca fortalecer el sistema de justicia y mejorar la eficiencia en la istración de casos penales.
“El principio de oportunidad no desaparecerá, pero sí se ajustará para evitar abusos y garantizar que solo se aplique en situaciones donde realmente aporte a la justicia”, explicó la ministra. Esta declaración surge en respuesta a las preocupaciones de que el uso excesivo de esta figura podría llevar a la impunidad, especialmente en casos de corrupción o delitos graves.
Según la ministra, actualmente hay un vacío en el control de la aplicación del principio, lo que ha permitido que algunos acusados lo utilicen como una estrategia para eludir condenas.
“Es necesario regularlo de forma más estricta para que no se convierta en un mecanismo de escape para quienes deben enfrentar la justicia”, añadió.
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La propuesta de reforma no ha sido bien recibida por todos los sectores. Algunos juristas y políticos han manifestado que los cambios al principio de oportunidad podrían debilitar la cooperación en investigaciones complejas, como las relacionadas con el crimen organizado. Temen que los nuevos controles desincentiven a los implicados en estos casos de colaborar con las autoridades, afectando así la resolución de investigaciones clave.
El principal cambio que la reforma propone es limitar el alcance del principio de oportunidad en casos que involucren delitos graves, especialmente aquellos relacionados con corrupción, narcotráfico y violencia sexual.
“No podemos permitir que quienes han cometido delitos de alto impacto utilicen este mecanismo como una vía rápida para evadir sanciones”, explicó la ministra Buitrago. Además, según dijo, la reforma busca incrementar la supervisión judicial y establecer criterios más estrictos para conceder estos beneficios.
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El Gobierno también plantea introducir un sistema más riguroso de seguimiento a quienes se acogen al principio de oportunidad, para garantizar que cumplan con los compromisos de colaboración y reparación.
“La justicia no puede quedar a medias. Si un acusado colabora, debe hacerlo de manera efectiva, proporcionando información útil que permita avanzar en las investigaciones”, agregó Buitrago.
La reforma a la justicia, y en particular la modificación del principio de oportunidad se presenta en un contexto de crisis de confianza en el sistema judicial colombiano. Según datos recientes del Consejo Superior de la Judicatura, el 85% de los colombianos considera que el sistema de justicia es ineficiente, y uno de los principales problemas identificados es la falta de celeridad en los procesos penales. La ministra Buitrago confía en que la reforma ayudará a cambiar esta percepción.
“Este es un paso necesario para restaurar la confianza en nuestras instituciones y asegurar que la justicia se aplique de manera equitativa y eficiente”, afirmó.
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