“Estamos listos para un diálogo abierto, respetuoso y sincero con las disidencias de las Farc del estado mayor central de alias ‘Iván Mordisco’y con alias ‘Calarcá’ que permita desescalar y poner fin a la confrontación armada entre estructuras ilegales siempre y cuando el Gobierno nacional sea el mediador”, fue la propuesta hecha por los comandantes del grupo comandos de frontera de la coordinadora nacional ejercito Bolivariano, que tienen presencia en el departamento del putumayo, Nariño, Cauca y parte del Caquetá.
Giovanny Andrés Rojas, conocido con el alias de ‘Araña’ , jefe máximo de ese grupo ilegal y Jairo Marín, comandante del área San Juan Portugal, de los comandos de Frontera en diálogo exclusivo con Blu radio en las selvas del Putumayo, dijeron que, luego de los combates registrados a comienzos del mes de diciembre en zona rural del municipio de Puerto Guzmán, donde se produjo un indeterminado número de muertos, las comunidades de esas zonas del sur del país piden a gritos una tregua entre grupos ilegales.
Por esta razón, dijo el comandante rebelde que están abiertos a un diálogo, pero debe ser el Gobierno y los países garantes quienes, a través de las delegaciones que permitan que esto se concrete en el día, hora y fecha que digan los jefes de las disidencias, tanto de ‘Calarcá’ como de ‘Iván Mordisco’, aseguró Rojas.
Dijo Rojas que desde que atendieron el llamado del presidente Gustavo Petro, la política del grupo Comandos de Frontera, de la coordinadora nacional Ejército Bolivariano, ha sido siempre la de buscar, a través de un diálogo sincero y respetuoso, una salida pacífica para resolver las diferencias que tengan con otras organizaciones ilegales y poner fin a la incertidumbre de las comunidades ante eventuales confrontaciones armadas.
Pero señaló que dentro de este planteamiento estratégico se reservan el derecho a defenderse y aclaró que están dispuestos a dialogar con todos las estructuras ilegales con quien tienen contradicciones y dejan las puertas abiertas para esa posibilidad de diálogo con quienes quieran hacerlo.
“Sí, claro, estamos totalmente disponibles para iniciar ese acercamiento con las organizaciones, que digan cuando, como y en donde para reunirnos, pero deben estar presentes los jefes de las delegaciones del gobierno Camilo González Posso, Armando Novoa y los representantes de los países garantes para pactar medidas que paren esa confrontación armada", insistió Rojas.
Manifestó que lo ocurrido en límites entre los departamentos de Caquetá y Putumayo obedece a que integrantes del frente Carolina Ramírez, de las disidencias de las Farc de alias ‘Iván Mordisco’, intentó copar zonas donde comandos de frontera están presentes desde el 2017, cuando se creó ese grupo y dijo que son ellos los que nos están agrediendo, no nosotros a ellos.
Sobre el proceso de paz que adelantan con el Gobierno nacional, Rojas y Marín son claros y directos al responder que son conscientes de que el tiempo que le resta al presidente Petro es muy corto, pero advierten que mantienen firme su voluntad de paz de seguir dialogando con el Estado, sea el que sea que elijan los colombianos en el 2026.
Los jefes rebeldes aseguran “que no están imponiendo condiciones, pero dicen que en manos del Gobierno nacional está la de agilizar el proceso o, de lo contrario, toca ver con que expectativas llega el nuevo Gobierno, sea de derecha, centro o izquierda y si tiene voluntad y quiere o no continuar dialogando”, aseguraron Rojas y Marín
"No es fácil, pero estamos seguros que hay buena voluntad entre las partes y muestra de ello es la sustitución voluntaria que van a comenzar con 3.000 hectáreas de hoja de coca en Nariño y Putumayo para reemplazar esta economía ilegal por proyectos productivos que tengan el apoyo del estado colombiano y se garantice su comercialización a corto, mediano y largo plazo", aseguró Marín.
Rojas dijo que "las transformaciones de los territorios deben comenzar con la presencia integral del Estado que permita mejorar las vías rurales, construir centros de educación escolar y secundaria, reconstruir los puestos de salud, pero sobretodo garantizar una mejor calidad de vida para las miles de familias pobres que habitan estas zonas conocidas como la otra Colombia".
"Para reemplazar las economías ilegales se requiere inversión social en los territorios con proyectos productivos con tres componentes fundamentales, producción, transformación y comercialización, pero nos preocupan los recientes anuncios de recortes presupuestales que puedan afectar los proyectos productivos, las obras de infraestructura y programas sociales que lleguemos a pactar", aseguró Rojas, quien también dijo que las declaraciones del propio presidente Petro, sobre la falta de dinero si preocupa mucho.
"Ese faltante puede retrasar o, en el peor de los casos, suspender los proyectos productivos para que el campesino abandone los cultivos ilícitos”, precisó Rojas.
Tras asegurar que no reconocerán a la JEP como su juez inmediato, los comandantes Rojas y Marín dicen que la jurisdicción especial para la paz que hay actualmente no es la misma que se creó en la Habana y, por esta razón, el Gobierno nacional, respetando la autonomía de los poderes, deberá buscar una nueva jurisdicción que permita que los combatientes y sus comandantes reciban la amnistía o indulto que se pueda llegar a pactar.
Ante la eventualidad de una solicitud de extradición por parte de la justicia norteamericana, los jefes subversivos indicaron que es claro que hay mucha preocupación y consideran que, al llegar a un acuerdo definitivo, estos procesos deben caerse e instaron a inteligencia militar y de Policía para que entreguen las pruebas de que ellos son narcotraficantes.
“No pueden seguir con los cuentos y leyendas de que somos un cartel de drogas y que trabajamos de la mano de narcos mexicanos sin mostrar una sola prueba y eso lo hacen para confundir a la población y poner trabas al proceso de paz”, dijo Marín quien negó rotundamente que sean narcotraficantes.
Tras enviar un saludo de Navidad al pueblo colombiano, los dos jefes rebeldes, Marín y Rojas, destacaron y calificaron como "positiva" la decisión del Gobierno nacional de suspender temporalmente las operaciones ofensivas de las Fuerzas Militares contra las estructuras de la coordinadora nacional Ejército Bolivariano en los departamentos y municipios donde este grupo ilegal tienen presencia.
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