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La procuradora general, Margarita Cabello, manifestó su postura frente a la solicitud del Gobierno nacional de que Estados Unidos indulte a 'Simón Trinidad', quien cumple una condena de 60 años en ese país por el secuestro de tres ciudadanos estadounidenses. Según Cabello, este delito no es amnistiable en Colombia, lo que hace que cualquier decisión sobre el tema sea más política que jurídica y dependa exclusivamente de la soberanía de Estados Unidos.
Cabello destacó que Trinidad no necesita regresar a Colombia para contribuir a la verdad o a los procesos de justicia transicional, pues sus aportes pueden hacerse desde Estados Unidos. Insistió en que cualquier discusión sobre su designación como gestor de paz debe considerar el marco legal colombiano, la responsabilidad de Trinidad como excomandante de las Farc y los compromisos con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
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La procuradora subrayó que la extradición de Trinidad fue un proceso complejo, respaldado por protocolos internacionales, y enfatizó que Estados Unidos será quien decida sobre el indulto. No obstante, señaló que en Colombia se deben priorizar las opiniones y los derechos de las víctimas afectadas por las acciones de Trinidad y las Farc.
Cabello también advirtió que, independientemente de la decisión de Estados Unidos, Trinidad deberá responder ante la justicia colombiana por los procesos pendientes una vez termine su condena en el extranjero. Recordó que cualquier concesión en su favor debe ser evaluada cuidadosamente, evitando que se convierta en un acto de impunidad.
Por su parte, Hernando Herrera, presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), cuestionó la propuesta del Gobierno colombiano, argumentando que la presencia de 'Simón Trinidad' en el país no garantiza una contribución adicional a la verdad. Según Herrera, si los exintegrantes de las Farc cumplen con revelar todo lo que saben, la participación de Trinidad carece de trascendencia, incluso desde el extranjero.
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Asimismo, Herrera advirtió sobre el riesgo de convertir la figura de “gestor de paz” en un mecanismo que facilite la impunidad. A su juicio, este estatus debe estar condicionado a un compromiso real con la reparación y la verdad. Además, recordó que la Corte Suprema de Justicia ha señalado que una persona que ya se benefició de un sistema de justicia transicional no debería acceder a otro, pues esto podría sentar un precedente peligroso que desvirtúe los procesos de paz.
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