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El presidente Gustavo Petro publicó una fotografía de la residencia destinada al embajador de Colombia en México y, en la descripción, ordenó la venta de las residencias diplomáticas de ese país, así como las de Bruselas y Suiza. Según el mandatario, los recursos obtenidos deberían destinarse a “mejorar los espacios destinados a la atención de los colombianos”.
Por ley, la Cancillería debe garantizar vivienda a los embajadores, ya sea asignándoles residencias del Estado, como en los casos de México, Bruselas y Suiza, o proporcionando recursos para pagar arriendos. Esto implica que, aunque se vendan estas propiedades, la Cancillería deberá seguir garantizando alojamiento a sus funcionarios, lo que podría generar un gasto sostenido a largo plazo.
Blu Radio consultó con el exsecretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, quien calificó la medida como improvisada y advirtió que podría afectar el funcionamiento de las sedes diplomáticas en el exterior.
“Los bienes de Colombia en el exterior, utilizados por las sedes diplomáticas, son adquiridos por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, y la normatividad establece que estos actos están sujetos al derecho privado. En ese sentido, el presidente Gustavo Petro puede ordenar la venta de las residencias”, explicó Salazar.
Sin embargo, también existe el riesgo de un detrimento patrimonial. Desde la Cancillería explican que no hay un procedimiento único para vender bienes inmuebles en el exterior, ya que cada país tiene normativas distintas. Este proceso podría ocasionar pérdidas económicas para el Estado colombiano.
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