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En medio de la coyuntura política que vive el país, tras el hundimiento de la consulta popular, el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez, hizo un llamado a garantizar el orden institucional y el Estado Social de Derecho.
El representante del alto tribunal cuestionó los llamados que generan cualquier tipo de confrontación o alteración del orden público.
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“Todos tenemos que garantizar y defender el orden constitucional en calma, con tranquilidad, con llamados a la concordia, a la paz, y no llamados a utilizar otro tipo de estructuras u otros discursos que afecten la estabilidad institucional, el orden público o que nos generen confrontaciones de ninguna naturaleza, que por fortuna ya están superadas en la historia. Pudo haberse tenido en el pasado —como lo tuvimos— grandes confrontaciones e inclusive guerras, pero no estamos para llamar a la guerra; estamos llamando a la paz, a la tranquilidad, al respeto y al orden constitucional”, aseguró.
A su vez, el presidente de la Corte Constitucional insistió en que respeta la posición del Gobierno Nacional, pero que su deber es garantizar el orden constitucional.
“Yo respeto el llamado del Gobierno y prefiero no meterme en esa observación. Lo que digo, como guardián de la Constitución —porque es la misión que se le ha encomendado a la Corte Constitucional—, es que debemos garantizar el orden constitucional. Hacemos un llamado a que se respete y se defienda ese orden dentro de un marco de paz, armonía y tranquilidad. En ese sentido, ese es nuestro mensaje en estos Diálogos Constitucionales”, puntualizó.
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También desde Cartagena, donde presidió el evento “Diálogos Constitucionales”, en el que participaron universidades y autoridades locales, el magistrado Ibáñez se refirió a la situación carcelaria del país, tras la entrada en vigor de la Ley 2346, que traslada la responsabilidad del pago de la alimentación de los privados de la libertad a las alcaldías y gobernaciones.
El magistrado explicó que la Corte Constitucional citó una mesa de trabajo con el Ministerio de Justicia, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y varios alcaldes y gobernadores, para el próximo 19 de mayo.
“Se han transferido unas competencias a las entidades del orden territorial, pero no se han transferido los recursos para cumplirlas. Para esos efectos, revisando el tema, hemos citado una mesa de trabajo que realizaremos el próximo lunes, para que, conjuntamente con otras autoridades, definamos cómo se debe adoptar una decisión pronta, eficiente y eficaz que impida afectar los derechos de la población privada de la libertad, y que prevenga eventualmente la ocurrencia de un problema de orden público si eso no se soluciona”, precisó.
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