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La Fundación Ideas para la Paz, FIP, publicó un informe sobre la violencia en el Catatumbo, que se ha incrementado en los últimos meses tras las disputas entre el ELN y las disidencias de las Farc del frente 33, al mando de alias 'Andrey' y alias 'Jhon Mechas'. Más de 61.000 personas han sido desplazadas y la FIP advierte que esta crisis tuvo un origen multicausal, sin embargo, se aclara que todo empezó por las tensiones entre los grupos.
"Para 2023, el frente 33 se había expandido y pasó a ser el Bloque Magdalena Medio en pleno proceso de paz, convirtiéndose en un rival político del ELN. Incluso, para ganar legitimidad en la región, comenzó a financiar "obras sociales" para las comunidades, utilizando recursos del narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal y el contrabando. Estos cambios llevaron a varias reuniones entre el ELN y las disidencias para intentar restablecer los acuerdos previos. Sin embargo, las tensiones entre ambos grupos aumentaron", se lee en el informe.
Por otro lado, la FIP explica que los acercamientos que se dieron en el marco del proceso de paz entre el Gobierno y las disidencias de las Farc también habrían incrementado las tensiones, además, la situación en Venezuela también sería un factor clave para tener en cuenta en este conflicto.
"Venezuela también jugó un papel en las tensiones entre el ELN y el frente 33.Desde su creación en 2017, esta disidencia se asentó en el estado de Zulia, estableciendo acuerdos con políticos y militares venezolanos. Inicialmente, el ELN lo toleró con cautela, pero con el tiempo, la situación derivó en un creciente conflicto. Finalmente están las acusaciones del ELN sobre una posible alianza del Frente 33 con integrantes del Clan del Golfo y su llegada al Catatumbo, al parecer liderada por ‘Richard’," advierte la FIP.
Todo esto llevó al ELN a ver a las disidencias como una amenaza y el ELN planeó el ataque contra las disidencias con apoyo de sus estructuras en Arauca. Las personas más afectadas fueron los civiles del Catatumbo.
"La crisis impactó a 1.870 pequeños y medianos productores de palma, productores de carbón, transportadores y comerciantes en las zonas urbanas de la región. Además, las autoridades locales se vieron desbordadas ante la magnitud de la emergencia humanitaria", señala el reporte.
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La fuerza pública ha desplegado más de 10.000 uniformados en el Catatumbo, sin embargo, los homicidios en algunas zonas de Tibú continúan y las autoridades locales, las iglesias, organismos humanitarios, empresarios y comunidades han ayudado a atender la situación.
"Los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias en las últimas dos semanas sugieren el inicio de un nuevo ciclo de guerra en Catatumbo, con consecuencias humanitarias aún mayores. Todo apunta a que la violencia en la región está lejos de llegar a su fin", se lee en el documento.
La FIP señala que el Gobierno debe definir con claridad la estrategia para contener las disputas entre grupos, pero también se debe avanzar en otros temas como la sustitución de cultivos ilícitos, la reactivación económica, la mejora de la infraestructura vial, la prevención del reclutamiento de menores y el control fronterizo.
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"Sigue pendiente que el actual Gobierno reconozca que muchas de las medidas contempladas en el Acuerdo Final de Paz de 2016 son claves para enfrentar esta crisis. El peor escenario sería que, en esta nueva fase del conflicto en Catatumbo, el Estado no avance en aspectos fundamentales de seguridad, desarrollo social y reactivación económica. Si esto ocurre, los habitantes de la región se verán obligados a convivir con la guerra entre el ELN y las disidencias durante meses, una situación inaceptable", dice la FIP.
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