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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, se refirió a la situación humanitaria que se vive en el Pacífico colombiano, pues los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes y campesinas se han visto afectados por cuenta de la violencia en los territorios. Es por esto que le ha pedido al Estado redoblar los esfuerzos para enfrentar esta situación y la discriminación a la que se enfrentan las comunidades.
"Estos hechos suceden en territorios caracterizados por una débil presencia del Estado y elevados porcentajes de pobreza y extrema pobreza. Estos elementos redundan en vulneraciones a los derechos humanos, como el derecho a la vida, a la integridad física, al a la justicia y a sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. La magnitud de la violencia se puede observar en la persistencia de desplazamientos forzados, masivos e individuales, y en las situaciones de confinamiento", señaló la CIDH.
Los departamentos de Nariño y Chocó son los que más se están viendo afectados por los desplazamientos masivos y los confinamientos por cuenta de la violencia, pero además a la CIDH le preocupa que del 24 % de las personas desplazadas en 2022 y 2023, aproximadamente 75.000 personas, no han podido regresar.
"Esto sienta las bases de futuras violaciones a los derechos de estas personas; por un lado, reproduce las disputas territoriales, las cuales han alimentado tanto el conflicto armado como las situaciones de violencia, en especial contra personas con liderazgo que encabezan las reivindicaciones por la propiedad de las tierras. Por otro lado, las personas desplazadas se ven expuestas a la debilidad de la respuesta de las instituciones estatales", añadió la CIDH.
Alertaron por otro lado, sobre el incrementos de casos de violencia sexual en contra de menores de edad, además de un aumento de los feminicidios y desapariciones de mujeres, además, los grupos armados siguen reclutando y utilizando niños para el conflicto armado.
"Los grupos armados han instalado campamentos en zonas aledañas comunidades indígenas y tribales, o cohabitando en las mismas, lo que ha implicado un fuerte incremento en el control cotidiano de estos territorios y sus habitantes provocando serios impactos sociales, así como sobre la libre autodeterminación y la seguridad. En particular, se destacan las restricciones de la movilidad en determinadas zonas y horarios impuestos por dichos grupos, así como las afectaciones a la gobernabilidad de las autoridades tradicionales, debido a la determinación de dichos grupos de incidir en las decisiones y en los mecanismos ancestrales de organización social de las comunidades", explicó la CIDH.
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