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El presidente Gustavo Petro firmó el decreto 1035 que faculta a las Fuerzas Militares, en especial a la Armada y al Ejército Nacional, para la destrucción de maquinaria amarilla de los delincuentes en todo el país. Hasta la aprobación de este decreto, según indica la norma, el único facultado para hacerlo era la Policía Nacional.
“Aproximadamente 1.000 hombres estaban encargados de la destrucción de la maquinaria amarilla, las dragas y los dragones dedicadas a la extracción ilícita de minerales. Hemos tenido en este último año y medio una crisis de la coca, y eso ha hecho que los grupos armados organizados migren también por los altos precios del oro a la economía ilícita del oro, que además es más fácil traficarla”, dijo la viceministra de Defensa, Ana Catalina Cano.
En caso de flagrancia la Policía, el Ejército y la Armada procederán con la medida de incautación de la maquinaria pesada y sus partes que estén siendo utilizadas en actividades de exploración o explotación de minerales, y, al corroborar que no se cuenta con el correspondiente título minero y licencia ambiental debidamente otorgado por la autoridad competente, se procederá a ejecutar la medida de destrucción en caso de ser procedente.
“Es por esto que nos vimos en la necesidad de apalancar este decreto y esto nos permite triplicar las capacidades que tenemos destinadas para luchar contra la extracción ilícita de minerales, entendiendo la redundancia que va a tener además en el medioambiente”, agregó la viceministra Cano.
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