En pagos de internet familiar y hasta peajes para realizar viajes personales fueron invertidos los dineros que, de manera irregular, el comandante del Batallón de Ingenieros N.° 23, teniente coronel Diego Alejandro Parga Caro, cobró a por lo menos 37 soldados de la Compañía Constructora Sopena, con la amenaza de no dejarlos licenciarse, según la Fiscalía.
Blu Radio conoció que los militares fueron obligados, en el mes de marzo y dos semanas antes de su licenciamiento, a cancelar la suma de 120 mil pesos para reponer material de intendencia que, según el oficial Parga Caro, se había extraviado y que debía reponerse antes de que los soldados regulares salieran.
Sin embargo, los militares aseguran que este cobro irregular nunca fue reportado oficialmente y que, por el contrario, inteligencia militar encontró un libro en el que se detallaban cada uno de los gastos del oficial, todos de carácter personal y sin relación alguna con la compra del supuesto material de intendencia.
Durante la audiencia, la juez de instrucción penal rechazó el comportamiento del oficial y aseguró que Parga Caro defraudó la confianza del Ejército y abusó de la autoridad que se le confió al nombrarlo comandante del Batallón de Ingenieros N.° 23.
Este escándalo, que salpica a un oficial del Ejército Nacional, se conoció solo un mes después de que el oficial fuera ascendido de grado, hechos ocurridos en diciembre de 2024.
Durante la diligencia judicial, la juez teniente coronel Mónica Bustos Sánchez aseguró que las pruebas aportadas por la Fiscalía son contundentes y se comprobó que los supuestos gastos personales del oficial fueron cubiertos con recursos de la institución.
El teniente coronel Parga Caro fue trasladado al Batallón Batalla de Boyacá, en la ciudad de Pasto, donde deberá permanecer bajo custodia militar hasta que las autoridades designen un centro de reclusión adecuado para oficiales.
Por este mismo caso, la Fiscalía había capturado al mayor Enrique Camilo Diago Benavides, segundo comandante del mismo batallón, quien permanece privado de la libertad en Bogotá desde marzo y que, de acuerdo con las investigaciones, era el encargado de recaudar los dineros cobrados a los soldados regulares pertenecientes a la compañía constructora.
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