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El próximo 30 de julio, la Fiscalía acusará formalmente a 16 exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) por irregularidades en la licitación del tramo Ocaña-Gamarra de la Ruta del Sol II, vinculadas al escándalo de corrupción de Odebrecht. Estos exfuncionarios, quienes ocupaban roles clave en la ANI durante el proceso, enfrentan acusaciones específicas por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Según la investigación liderada por el fiscal Gabriel Jaimes, coordinador del grupo de tareas especiales para el caso Odebrecht, los exfuncionarios habrían facilitado a la concesionaria Ruta del Sol, controlada por Odebrecht, la ejecución de diseños y obras adicionales mediante varios otrosíes al contrato original. Estas modificaciones, que fueron aprobadas unilateralmente, presuntamente carecían de los estudios previos requeridos y no contaban con la autorización del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), lo cual constituye una violación flagrante de los procedimientos legales.
Entre los exfuncionarios implicados se encuentran Andrés Figueredo Serpa, quien ocupó el cargo de vicepresidente de gestión contractual; Camilo Mendoza Rozo, quien fue vicepresidente de gestión contractual y luego vicepresidente de planeación de riesgos y entorno; María Clara Garrido, exvicepresidente istrativa y financiera; Beatriz Eugenia Morales Vélez, exvicepresidente de estructuración; Héctor Jaime Pinilla Ortiz, exvicepresidente jurídico; y Yasmina del Carmen Corrales, quien supervisó el contrato de concesión.
Además, están implicados José Andrés Torres Rodríguez, ingeniero del área de proyectos carreteros; Daniel Francisco Tenjo Suárez, exgerente de proyectos carreteros; David Leonardo Montaño García, experto en GGC2; Alexandra Lozano Vergara, exgerente de gestión contractual; Harbey José Carrascal, exasesor; Francisco Javier Forero, exasesor financiero; Emerson Durán Varas, exgerente financiero VGC; Cesar Augusto Peñaloza Pabón, exgerente de proyectos; Édgar Chacón Hartman, exgerente Predial VPR; y Miguel Ángel Bettin Jaraba, exinterventor del contrato.
La Fiscalía sostiene que estas adiciones irregulares al contrato aumentaron el valor total de la Ruta del Sol II en un 32 % y prolongaron su plazo de ejecución de 20 a 25 años. Además, la ANI habría pagado a la concesionaria más de 7.804 millones de pesos colombianos por estudios y construcción, cifra que incluye 3.177 millones por estudios y 4.630 millones por la construcción del tramo mencionado.
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