La compañía Thomas Greg & Sons desistió este miércoles de la millonaria demanda que había interpuesto contra el Estado luego de no conciliar con el Gobierno por declarar desierta la licitación abierta en mayo de 2023 para la expedición de pasaportes.
Nueve meses después, en febrero de 2024, la Cancillería suspendió la licitación porque, según otras empresas interesadas, no existía libre competencia ya que en los últimos 17 años la misma firma, Thomas Greg & Sons, se había encargado de producir los pasaportes y etiquetas de visado colombianas.
Al contrato con esa empresa le quedaban todavía tres años de vigencia, razón por la cual la empresa, tras no llegar a un acuerdo de conciliación con el Gobierno, anunció en diciembre de 2023 una demanda contra el Estado por 117.000 millones de pesos.
Según su abogado, Juan Pablo Estrada, la decisión fue tomada después de que la empresa logró satisfacer su pretensión inicial a través de dos contratos que han sido ejecutados por la entidad gubernamental.
Estrada mencionó que el litigio había durado casi dos años y que, a pesar de la controversia inicial, la compañía no está en su ADN mantener conflictos legales con el Estado.
"Siempre la pretensión principal fue que les permitieran ejecutar un contrato al que tenían derecho", dijo.
Durante la conversación, el abogado también hizo énfasis en que Thomas Greg & Sons ha estado ejecutando contratos por un valor total de alrededor de cuatrocientos mil millones de pesos, y que el gobierno cumplió con sus obligaciones.
Y agregó, "Decidieron unilateralmente desistir de la demanda por sentir que esa pretensión principal había resultado ya satisfecha. Son compañías que no viven de demandar al Estado, sino de ejecutar cumplidamente contratos estatales”
Con respecto a futuros escenarios, se anticipan adiciones presupuestales, dependiendo de la necesidad de extensión del contrato vigente, que finaliza en octubre.
En caso de tener que ceder el contrato a otra entidad, la compañía se prepara para una transición efectiva, asegurando que cualquier nuevo operador deberá tener un margen de maniobra suficiente para validar su gestión.
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