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El Gobierno Nacional sigue buscando apoyos para la consulta popular y promoviendo la creación de comités por el “sí”. Blu Radio habló con la directora de la MOE, Alejandra Barrios, quien aseguró que esto es irregular, apresurado y podría significar una violación a los topes financieros que tiene toda consulta popular.
Las consultas populares tienen un procedimiento, y el primero es que se envíen las preguntas al Senado. Toda consulta popular tiene unos topes de financiación; esta tiene unos un poco mayores a 6.000 millones de pesos, que deben ser registrados ante el Consejo Nacional Electoral, al igual que los grupos promotores.
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Por esa razón, lo que se está haciendo estaría fuera de tiempo y no cumpliría con los procedimientos establecidos por la ley. Es como “ensillar el caballo antes de tenerlo”.
Está completamente fuera de los procedimientos. No se pueden empezar a conformar grupos promotores porque, en este momento, la figura no existe y no hay nada que promover.
Hay que esperar la aprobación del Senado para iniciar el proceso electoral. Si hay grupos incurriendo en gastos de movilización o propaganda, esto está desregulado: no es el momento. Este es el momento de conocer la propuesta del Gobierno y la decisión del Senado.
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Frente a la consulta popular, como está promovida desde el Gobierno, si es aprobada por el Senado, el Gobierno puede hacer campaña electoral; eso lo establece la ley. Pero las manifestaciones de votar o no en este momento no pueden hacerse sobre una consulta que no existe, sobre unas preguntas que no son públicas y un procedimiento que no ha llegado al Senado de la República.
Se puede opinar, pero formar organizaciones para impulsar el “sí” es organizarse sobre algo que no se conoce. Existen topes, esto no es que cada grupo gasta lo que quiere. Hay tiempos regulados.
Una vez el Senado apruebe las preguntas, ya se puede decir que existe una consulta popular. Lo que sigue es un requisito logístico electoral: el tiempo que tiene la Registraduría para organizar la consulta, y allí comienza la inscripción de los grupos promotores.
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En este momento, estaríamos ante una campaña anticipada, y si hay gastos para promover una consulta popular que aún no existe, estaríamos frente a una financiación extemporánea, fuera de la ley.
Sí. Quienes deseen organizarse deben registrarse como grupo promotor, y eso conlleva unas obligaciones: quiénes son los responsables, cuáles son las cuentas, de dónde proviene el dinero.
No es cuestión de que hoy me levanté con la intención de promover una consulta inexistente y empiezo a usar recursos o hacer propaganda por el “sí” o el “no”. El Gobierno debe reportar los gastos que hace para promover la iniciativa, porque hay un tope de poco más de 6.000 millones de pesos.
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