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El Ministerio de Justicia reveló que el 26 % de las extorsiones en Colombia tienen su origen dentro de los centros carcelarios. Aunque inicialmente se creía que la mayoría de estos delitos se gestaban desde las cárceles, las cifras evidencian que un alto porcentaje proviene también del exterior.
“Esto tiene dos lecturas: la primera, que se está haciendo extorsión desde afuera en un gran alto porcentaje, y la segunda, que se está haciendo extorsión dentro del centro carcelario”, dijo la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago. En respuesta a esta problemática, en agosto de 2024 se expidió un decreto que regula el uso de comunicaciones en las cárceles y establece nuevas herramientas tecnológicas para monitorear actividades delictivas desde los penales.
Como parte de esta estrategia, el Gobierno ha trabajado en operativos constantes desde julio de 2024 para decomisar celulares, tarjetas SIM y otros materiales prohibidos en los centros penitenciarios. Estas acciones han sido coordinadas con la Fiscalía General de la Nación y el Gaula, con el fin de desmantelar redes de extorsión operando desde prisión.
Además, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, anunció que pronto entrará en funcionamiento un nuevo sistema de inhibidores de señal en las cárceles, lo que permitirá reducir la comunicación ilegal de los internos con el exterior y limitar la operación de bandas criminales desde los penales.
Por su parte, el ministro de Justicia de Chile, Jaime Gajardo Falcón, destacó la importancia de la cooperación tecnológica entre ambos países en la lucha contra la extorsión. “Hemos detectado llamadas entre teléfonos con e-mails colombianos en Chile y viceversa. Gracias a la tecnología hemos podido rastrear estos os y este año esperamos implementarla en 90 cárceles más, cubriendo al 50 % de la población penitenciaria”, explicó Gajardo.
El funcionario chileno también recordó que el delito de extorsión es relativamente nuevo en su país, pues fue tipificado apenas hace unos años. Además, resaltó que en Chile portar un celular dentro de una cárcel ya es considerado un delito, lo que ha permitido gestionar mejor esta problemática y combatir el crimen organizado transnacional.
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Este encuentro entre autoridades de Colombia y Chile también sirvió para fortalecer la cooperación judicial bilateral. Como parte de los acuerdos, ambos gobiernos están próximos a firmar un tratado de extradición, el cual será presentado al Congreso de la República. Este mecanismo permitirá agilizar la entrega de delincuentes requeridos por la justicia en ambos países y reforzar la lucha contra el crimen transfronterizo.
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