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El Gobierno tendrá una mesa de diálogo con mineros que desde hace tres días protestan en cuatro departamentos pidiendo ampliar la frontera agrícola en los páramos y la legalización de más de 33.000 pequeños y medianos operadores del sector.
"Tenemos una delegación ya de más de 20 funcionarios (...) para atender las reivindicaciones de los y las protestantes", dijo la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Susana Muhamad.
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El paro campesino y minero ha afectado carreteras de los departamentos de Antioquia, Norte de Santander, Santander y Boyacá. Muhamad sigue de cerca el desarrollo del paro y reafirmó la disposición del Gobierno a encontrar soluciones que prioricen la sostenibilidad y el bienestar de las comunidades.
"Estamos a la espera de poder instalar mesas de diálogo con los mineros tradicionales del Bajo Cauca, una región donde llevamos dos años discutiendo cómo avanzar en la formalización de los mineros, mientras enfrentamos el reto de desmantelar las economías ilícitas que están causando una grave afectación al río Cauca", afirmó la jefa de la cartera de Ambiente.
En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Liseth Osorio, vocera oficial de la Coordinación Nacional de Minería, entregó detalles sobre las realidades de quienes dependen de la minería, lo que le piden al Gobierno y por qué hasta el momento no se han formalizado.
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Osorio pidió que no estigmaticen al sector al vincularlos con grupos al margen de la ley y que operan la minería bajo la ilegalidad, "A nosotros nos están estigmatizando con que la minería ilegal es la de grupos criminales. Ahí se debe diferenciar. Nosotros venimos luchando para salir de esa franja de ilegalidad", explicó.
Defendió que la actividad minera tiene muchos actores, "es una cadena productiva que involucra a muchas personas, desde el barquero hasta el mecánico". La líder minera rechazó que los vinculen con el Clan del Golfo, grupo criminal que controla la ilegalidad en esta zona del Bajo Cauca.
En ese sentido, hizo un llamado al Gobierno a darles pautas con el fin de que se puedan formalizar, pero bajo la premisa de aceptar lo que encontraron en el Bajo Cauca, las condiciones de la población y los habitantes que dependen de este ejercicio.
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De acuerdo con Osorio, los mineros de maquinaria amarilla, como son categorizados, sienten que su trabajo es injustamente etiquetado como ilegal. "La legalidad se da cuando obtengo mi título minero y mi licencia ambiental", aclaró. La informalidad en la minería lleva al estigma y a la incertidumbre en el Bajo Cauca, donde muchas familias dependen de esta actividad.
"Si el Gobierno quiere de verdad solucionar el problema, debe aceptar la realidad que encontró en el Bajo Cauca", finalizó.
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Escuche aquí la entrevista:
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