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La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Justicia Especial para la Paz amplió el plazo por 30 días más para que los militares imputados por falsos positivos, en el subcaso de Norte de Santander, acepten o nieguen su responsabilidad por estos hechos.
Lo anterior, después de recibir cinco solicitudes para ampliar el plazo por parte de los militares imputados.
Por su parte, la organización Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, en representación de las víctimas, también hizo una solicitud, ya que “han constatado que en lo pertinente a la presunta responsabilidad del compareciente Gabriel de Jesús Rincón Amado, la sala ha omitido imputar la responsabilidad en punto a los hechos de fecha agosto 25 de 2008 y en los que fueron asesinados, luego de ser sustraídos del municipio de Soacha, los ciudadanos Diego Alberto Tamayo Garcerá, Víctor Fernando Gómez Romero y Jader Andrés Palacio Bustamante”.
Ante lo anterior, consideran razonable la extensión de los 30 días para ajustar la lista de víctimas.
Entre otras cosas, los comparecientes argumentaron que en el término fijado, en principio, 30 días no era posible revisar y contrastar con responsabilidad la conducta imputada a los militares y que había dificultades técnicas, además, para revisar algunos documentos digitales del expediente.
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Por estos hechos, la JEP imputó al general (r) del Ejército Paulino Coronado, así como a otros nueve militares por 120 casos de falsos positivos.
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