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Hasta el 2 de julio de 2024 seguirá vigente parte del decreto de emergencia económica en La Guajira para atender el tema de al agua y saneamiento básico, es decir, hasta esa fecha el Gobierno y el Congreso tienen plazo de presentar las normas y las leyes que permitan enfrentar la crisis humanitaria en esos aspectos.
Sin embargo, con la decisión de la Corte Constitucional de declarar “inexequible” el decreto, al Gobierno de Gustavo Petro se le cayeron otras decisiones que habían tomado en materias de salud, agro, ambiente, educación, transporte, entre otros.
En materia de salud, el decreto expedido el 2 de julio de 2023, exponía un modelo de salud propio e intercultural construido en acuerdo con lasautoridades indígenas del pueblo wayuu y de los demás pueblos indígenas, que permita la alineación de todo el sector para garantizar ese derecho fundamental.
Para Kenneth Burbano Villamarin, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, “el decreto es contrario a la Constitución y no logró las exigencias que la Constitución trae para esta situación que se entiende que es de excepción”.
En cuanto a garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria en La Guajira, la norma expedida por el Gobierno Petro proponía medidas extraordinarias que flexibilizaran la contratación de las entidades con personas naturales, cabildos indígenas, autoridades indígenas y consejos de comunidades negras.
Fortalecer los sistemas de monitoreo ambiental era uno de los principales planteamientos que proponía el decreto en materia de ambiente, con el objetivo de atender de manera inmediata la crisis y los fenómenos alrededor del cambio climático y priorizar el recurso del agua.
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Por su parte, el Gobierno pretendía atender por medio de este decreto el tema de educación en La Guajira con medidas que permitían acelerar el mejoramiento de la cobertura y calidad del aprendizaje, y en particular de la etnoeducación. Además, de ampliar el servicio del Programa de Alimentación Escolar, PAE.
En el sector de energía, el decreto puntualizaba que debían expedir normas que aseguren la cobertura de ese servicio. Uno de los puntos precisaba la necesidad de “subsidiar la implementación de techos solares, las microredes, los proyectos de energía distribuida y el almacenamiento de energía, además de implementar la transformación de termoguajira”.
Ampliar la infraestructura aérea en La Guajira y explorar sobretasas por el uso de las instalaciones y servicios aeroportuarios, eran algunas medidas plasmadas en el decreto en materia de transporte.
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