A través de una carta a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia cuestionó la nota de prensa y el video realizados por esa oficina referentes a los acontecimientos ocurridos en Cali en la noche del 3 de mayo y la madrugada del 4 de mayo.
El Estado colombiano observa con suma preocupación las aseveraciones formuladas por la Oficina de la alta comisionada, en relación con presuntas muertes y amenazas ocurridas en Cali, y lamenta profundamente que la oficina haya decidido emitir este comunicado sin verificar, ni con fuentes oficiales, ni con sus propias observaciones, las graves acusaciones que el mismo contiene
Dice la comunicación firmada por la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mejía
“Al proceder de esa manera, se vulnera de manera grave la confianza entre el Gobierno y la oficina, y se dificulta la comunicación y la cooperación que constituyen la esencia del mandato que permite la presencia de la Oficina en Colombia", agregó.
La viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mejía, continuó explicando lo sucedido en la ciudad de Cali en esos días. “En el caso particular de la ciudad de Cali, debe mencionarse que las protestas han sido particularmente permeadas por actos criminales y vandálicos, afectando la propiedad privada, el transporte público y el abastecimiento de la ciudad, situación que amenaza de manera grave la seguridad alimentaria de su población, el suministro de medicamentos y la libre movilidad”.
También se menciona que el Gobierno colombiano siempre ha tenido la disposición de acatar las denuncias y quejas de las que se tenga noticia. “Las observaciones y preocupaciones de la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos han sido siempre atendidas por las autoridades nacionales con la mayor seriedad y rigurosidad”.
Por otra parte esta carta hace un recuento con las cifras oficiales de los actos vandálicos cometidos en las marchas y hace además un balance preliminar de las víctimas, tanto civiles como uniformados.
Cierra esta carta diciendo que las autoridades están adelantando las investigaciones pertinentes para determinar los responsables de los abusos de autoridad y los castigará ‘ejemplarmente’.
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