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El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, presentó el pasado 28 de octubre una ampliación de las denuncias que ya había radicado sobre presuntas irregularidades en URRÁ S.A. E.S.P., empresa estatal que istra la energía producida por la central hidroeléctrica URRÁ 1, localizada en el departamento de Córdoba. Estas denuncias involucran a altos directivos, contratistas y socios externos en posibles actos de corrupción, conflicto de intereses y colusión.
Una ciudadana, cuya identidad ha sido reservada por seguridad, denunció a través de un correo electrónico dirigido al Ministerio de Hacienda, posibles conflictos de intereses en los procesos de contratación de URRÁ S.A. Según el documento presentado, funcionarios como William Tadeo Amín Burgos y Juan David Diazgranados Garzón habrían tenido privilegiado a información técnica interna, lo que habría favorecido indebidamente a empresas como Positive Energy S.A.S. y Ecoenergética Soluciones de Ingeniería S.A.S.
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El 28 de septiembre, el ministro Ricardo Bonilla recibió información adicional vía WhatsAppsobre presuntas presiones ejercidas porNicolás Alcocer y Ricardo Roa hacia la Junta Directiva de URRÁ S.A. Estas presiones estarían encaminadas a beneficiar a aliados cercanos mediante la adjudicación de contratos, destacándose entre ellos el proyecto del Parque Solar URRÁ 19,9.
El Parque Solar URRÁ 19,9, cuya construcción está a cargo del consorcio Luz Power 2022, enfrenta un retraso de más de dos años. Este consorcio está conformado por Luxim Ingeniería S.A.S. y Power China. Según las denuncias, David Cerón, representante de Luxim Ingeniería, habría utilizado su relación cercana con Alcocer para ejercer presiones indebidas sobre la istración de URRÁ, con el fin de obtener beneficios contractuales indebidos. Entre los proyectos más destacados se encuentra la adjudicación del Parque Solar Inti II.
El consorcio Luz Power 2022 también presentó una reclamación por 60.000 millones de pesos ante URRÁ, la cual fue rechazada por la istración de la empresa. Adicionalmente, se reportaron incidentes que incluyen la pérdida de materiales y un incendio cercano a la infraestructura del parque solar, lo que ha complicado aún más el avance del proyecto.
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El 23 de abril de 2024, la istración de URRÁ envió una carta al consorcio Luz Power 2022 exigiendo un plan de mitigación para la finalización de la primera fase del proyecto, cuyo plazo venció el 30 de abril del mismo año. En esta comunicación, URRÁ advirtió que el incumplimiento de los plazos podría acarrear la terminación del contrato y la aplicación de penalidades contractuales.
Por su parte, el consorcio respondió el 24 de abril, argumentando que los retrasos no son imputables a ellos y que la energización de la celda de 34.5 kV, fundamental para las pruebas del parque solar, no ha sido completada por parte del contratante. Además, solicitaron la ampliación del contrato hasta el 31 de julio de 2024, junto con ajustes en los pagos, alegando costos adicionales que superan los 198 millones de pesos mensuales.
Según las denuncias, la influencia de Power China y Luxim Ingeniería S.A.S. en las decisiones de URRÁ S.A. habría sido facilitada por una red de os que incluye a David Cerón, Nicolás Alcocer y Ricardo Roa. Estas personas habrían buscado evitar la liquidación del contrato del Parque Solar URRÁ 19,9 y favorecer la adjudicación de nuevos proyectos a sus aliados. A pesar de que la istración de URRÁ ha rechazado estas presiones, se alega que las mismas continúan desde el seno de la Junta Directiva.
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Esta es la denuncia que le llegó al ministro Bonilla:
Estos documentos sustentan la denuncia:
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