La Contraloría General estableció un presunto detrimento patrimonial por más de 12 millones de dólares en la compra de un jet Legacy 600 VIP por parte de la Policía. para el ente de control este avión de lujo, que tiene una capacidad para 13 pasajeros, representó un presunto detrimento del patrimonio público, pues no amplía la capacidad operativa de la policía, que fue el argumento por el cual se hizo la compra.
"Se trata de un hallazgo fiscal detectado en una Auditoría de Cumplimiento sobre los procesos de contratación ejecutados por la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. - CIAC S.A., para la adquisición de bienes y servicios, con el fin de cumplir la misión institucional, junto con los contratos y convenios celebrados y/o ejecutados con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional durante la vigencia 2021. Como resultado de esta auditoría se determinaron 19 hallazgos istrativos, de los cuales uno (el antes referido) tiene presunta incidencia fiscal y los demás tienen carácter penal (1) y otras incidencias", señaló la Contraloría.
La compra de este jet no estaba contemplada en los estudios de factibilidad, fortalecimiento y adquisición de los aviones por parte de la Policía Nacional. Por otro lado, se determinó que algunas empresas que hacen parte del consorcio con el cual se hizo el contrato no cumplen con la experiencia requerida pues tienen como actividad principal la construcción de otras obras de ingeniería civil.
"Las aeronaves no fueron suministradas por vendedores que se especializan en la compraventa de aeronaves, ya que las actividades económicas de los de los consorcios seleccionados están relacionadas con el transporte aéreo nacional de pasajeros, la construcción de otras obras de ingeniería civil y el comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios. Para la CGR, el pago por el avión, realizado por la Policía a la CIAC S.A. en virtud de las obligaciones propias del Convenio Derivado No. 1, y considerando la indebida estructuración y ejecución del proyecto, sumado a la falta de coherencia en la necesidad establecida, junto con la compra final de la aeronave, son elementos suficientes para esgrimir un detrimento patrimonial", señaló la Contraloría.
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