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Colombia enfrenta una alarmante realidad: los delitos sexuales contra menores de edad han aumentado en los últimos años. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, en 2023 se registraron más de 27.000 casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, una cifra que evidencia la magnitud del problema. Casos recientes como el de Laura Sofía, en el que el agresor ya tenía antecedentes por abuso, han reavivado un debate que genera posiciones encontradas: ¿deberían endurecerse las penas para los abusadores sexuales de menores? ¿Debe contemplarse incluso la pena de muerte?
En este contexto, emerge la voz de Diego Caro, activista y promotor de una iniciativa ciudadana que busca llevar a consulta popular una propuesta para endurecer radicalmente las penas contra quienes cometan delitos sexuales contra menores de edad. En entrevista con Camila Zuluaga, Caro defendió su iniciativa, argumentando que es hora de poner en primer plano los derechos de los niños y no los de los criminales.
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"Yo creo que sobre la agenda justamente lo que usted dice, hay que poner la discusión. Acá no podemos estar siempre simplemente utilizando la Constitución para beneficio de unos cuando se necesita..."Con estas palabras, Caro señala una de las premisas principales de su movimiento: la Constitución no debe ser un obstáculo cuando se trata de proteger a los más vulnerables. Critica que se haya reformado la Carta Magna para favorecer políticamente a grupos como las FARC, mientras que aún no se contemplan cambios para castigar ejemplarmente a quienes abusan de menores. Su discurso apunta a una doble moral del sistema judicial y político, donde, según él, los derechos de las víctimas han sido sistemáticamente ignorados.
"La Constitución, el Estado y la misma sociedad le hemos fallado a nuestros niños... Acá no podemos seguir pensando simplemente en los derechos de los criminales..."Aquí, Caro refuerza su postura con un argumento moral: proteger a los niños debe estar por encima de todo. Insiste en que muchos abusadores son reincidentes, lo que a su juicio justifica medidas más duras como la cadena perpetua, la castración química o incluso la pena de muerte.
Para que esta iniciativa pueda llegar a ser votada en las urnas, Caro debe recoger un número considerable de firmas. Así lo explica:
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"Bueno, la Registraduría emite 2 millones, me dice que son 2.050.000 firmas las que me pide, pero vamos a recoger 3 millones..." Caro planea reunir más firmas de las requeridas para evitar anulaciones. Su meta es ambiciosa: alcanzar entre 10 y 15 millones de firmas. Este entusiasmo evidencia que busca que la consulta se convierta en un movimiento masivo, más allá de lo legalmente necesario, y refleje el sentir colectivo frente a una problemática que indigna a la ciudadanía.
"Esto es algo que nos compete a todos... que simplemente queremos que los niños crezcan en un ambiente sano"Caro apela a la conciencia colectiva, buscando conectar con padres, madres y cualquier ciudadano preocupado por la seguridad infantil. Su estrategia comunicativa se centra en la empatía y en la idea de que el abuso a menores no es un problema aislado, sino una amenaza estructural.
En cuanto al contenido de la consulta, Caro detalla las preguntas que se le plantearían al pueblo colombiano:
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"Está si la persona quiere o no quiere que exista pena de muerte... castración química... cadena perpetua... Registro Nacional Permanente para abusadores sexuales"Estas preguntas revelan el corazón de su propuesta: sanciones extremas para crímenes extremos. También busca que exista un registro público, accesible a cualquier ciudadano, para identificar a los abusadores condenados, similar al sistema estadounidense.
"Nosotros lo que pedimos con esta plataforma es que sea público... que las personas tengan derecho a acceder..."Aquí, Caro critica que actualmente solo ciertas instituciones tienen a esa información. Él propone mayor transparencia y derecho ciudadano a saber cuántos agresores viven cerca, aunque esto podría colisionar con normas de habeas data y protección de datos.
Ante las críticas de que su iniciativa sería inconstitucional, especialmente por plantear medidas ya rechazadas por la Corte Constitucional como la pena de muerte o la cadena perpetua, Caro afirmó que "la consulta jurídica ya la hice... nosotros tenemos que volver a poner sobre la mesa la discusión política"Reconoce que su propuesta no es viable bajo el marco actual de la Constitución, pero insiste en que abrir el debate podría llevar a una reforma. En su visión, la presión ciudadana puede empujar al Congreso a cambiar las leyes.
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"No podemos quedarnos simplemente en el hecho de que esto es inconstitucional... tenemos que buscar una salida para proteger y defender a los niños"Este punto refleja una estrategia de choque: no se trata solo de viabilidad legal, sino de movilizar a la ciudadanía para forzar un cambio institucional. Caro compara su iniciativa con las concesiones políticas otorgadas a las FARC, afirmando que si se modificó la Constitución para permitir su participación política, también debería poder hacerse para proteger a los menores.
"18677 niños abusados en las FARC... también tenemos que buscar la forma... obligarnos como Estado..."Caro cierra con una frase que sintetiza su lucha: exigir que el país alce la voz por los niños, así como lo ha hecho en otros temas. Su propuesta puede parecer extrema para muchos, pero también interpela a un dolor real y profundo de la sociedad colombiana.
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¿Podrá esta propuesta transformar el orden legal actual en Colombia? ¿O será otra iniciativa frustrada por las barreras constitucionales? El tiempo, y la ciudadanía, lo dirán.
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