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El 18 de marzo, marcado como un día cívico por el presidente Gustavo Petro, ha generado gran incertidumbre entre los padres de familia, quienes no saben qué hacer con sus hijos si las clases se suspenden debido a la movilización convocada en apoyo a la reforma laboral del Gobierno. Mientras algunos padres ya alistan los uniformes y las loncheras de sus hijos, no reciben información clara sobre la situación escolar, lo que ha aumentado su preocupación, especialmente aquellos que no tienen con quién dejar a los menores si no pueden asistir a clases.
Los docentes de nivelación, entre ellos varios profesores de las ciudades principales, han decidido unirse a la marcha. Sin embargo, los alcaldes de importantes capitales como Federico Gutiérrez, de Medellín, y Carlos Fernando Galán, de Bogotá, han optado por no acatar la medida del presidente, asegurando que las actividades escolares se desarrollarán con normalidad, dejando a los padres en una situación difícil.
Marcela Guevara, madre de dos menores, expresa su inquietud sobre la falta de comunicación de la institución educativa: "Hasta el momento, el colegio no se ha pronunciado con ninguna circular sobre la cancelación de clases. Si mañana dicen que no hay clases, no sé qué hacer. Soy madre soltera y no tengo a nadie que me ayude con ellas, por lo que si tengo que trabajar, se me complica mucho", afirmó. Por su parte, Mónica Romero, madre de otro niño, también comparte su preocupación, señalando que, si las clases se suspenden, no sabe cómo manejar la situación: "Tendría que quedarme con él en la casa o ver si mi papá puede ayudarme, pero si no tengo quién lo cuide, se vuelve muy difícil".
En respuesta a esta incertidumbre, Fecode, el principal sindicato de maestros en Colombia, exigió a las secretarías de educación de ciudades como Bogotá, Medellín y Cartagena que se abstengan de tomar represalias contra los docentes que participen en la movilización. A través de un comunicado, el gremio advierte que, de persistir las amenazas contra los educadores, llevarán las denuncias correspondientes a instancias nacionales e internacionales.
La disputa escaló cuando el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que los maestros que no cumplieran con sus jornadas académicas podrían enfrentar "implicaciones en sus pagos". Esta declaración fue respondida por el ministro de Educación, Daniel Rojas, quien recordó a los funcionarios que los recursos para el pago de salarios provienen del gobierno nacional y que los docentes tienen derecho a movilizarse según lo establece la Constitución.
Mientras tanto, la Secretaría de Educación de Bogotá ha asegurado que las 412 instituciones educativas oficiales garantizarán el derecho a la educación de más de 710,000 estudiantes, asegurando que las clases se desarrollarán con normalidad y según la jornada habitual. No obstante, la incertidumbre persiste entre los padres, quienes esperan una respuesta definitiva sobre cómo proceder en un día que podría afectar tanto sus planes laborales como el bienestar de sus hijos.
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