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La Sala Plena de la Corte Constitucional decidió inhibirse de conocer una demanda presentada contra los artículos 35, 36, 37, 38 y 39 de la Ley 2277 de 2022, por medio de la cual se adoptó una reforma tributaria para la igualdad y la justicia social, al considerar que las acusaciones presentadas carecían de suficiencia y claridad argumentativa.
Los demandantes alegaron que el impuesto al patrimonio vulneraba principios constitucionales, como la equidad tributaria, la igualdad y el derecho a la propiedad. Sin embargo, la Corte encontró que ninguno de los tres cargos formulados cumplió con las exigencias argumentativas para su estudio de fondo.
En la demanda se señaló además, que el impuesto trataba de manera idéntica a contribuyentes con capacidades de pago distintas, sin considerar si estos tenían liquidez para pagar el tributo, la Corte Constitucional concluyó que la liquidez, como criterio único de comparación, no era suficiente para demostrar un trato discriminatorio ni afectaba prima facie el principio de equidad.
También alegaron que el tributo propiciaba una doble tributación al gravar los mismos activos que ya están sujetos al impuesto de renta y predial. La Corte consideró que los ejemplos numéricos presentados reflejaban escenarios extremos y excepcionales, por lo que el cargo resultaba insuficiente.
Con base en estas consideraciones, la Corte se declaró inhibida para emitir un fallo de fondo sobre la demanda y el impuesto al patrimonio seguirá vigente, pues la demanda no cumplía con todos los requisitos.
Según la exposición de motivos que la ley 2277/22 que introdujo nuevamente el impuesto al patrimonio para personas naturales con vocación de permanencia y que en el 2023 fue pagado por 32.118 contribuyentes, es decir, el 0,5 % de los declarantes del impuesto de renta (personas naturales) hacen parte de los contribuyentes del impuesto al patrimonio.
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Lo que se pretendía era ampliar la base gravable, y reducir el umbral de entrada al impuesto al patrimonio desde 72.000 UVT ($ 3.368 millones) hasta 40.000 UVT ($ 1.883 millones), alcanzando así a 75.341 contribuyentes, que equivaldría al 1,3 % del total de declarantes del impuesto sobre la renta.
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