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El paso lunes llegaron a Bogotá casi 2.000 indígenas emberá, quienes han pedido una mejor distribución de la tierra y garantías en el a salud y educación.
El distrito ha pedido al Gobierno cumplir con los compromisos que asumió con las comunidades indígenas y desde la Unidad de Víctimas se refirieron en las últimas horas al tema.
“Nos compete cumplir los derechos fundamentales, pero le compete a todos los gobernantes, a los nacionales, departamentales, municipales y locales. Ese es el verdadero cambio de la paz, que haya un lugar digno para que todo el mundo no tenga que ser desplazado, linchado, eliminado porque sea pobre o indígena o raizal, este es el país. Además de los retornos y reubicaciones está la integración, ¿quiénes deben adelantar la reintegración? Pues los gobiernos locales”, dijo Lilia Solano, directora de la Unidad de Víctimas.
Desde la Unidad de Víctimas están evaluando la posibilidad de tomar acciones legales frente a esta situación: “Hay acciones legales para obligar a las autoridades a cumplir con sus obligaciones, para eso existe la acción de cumplimiento y lo estamos evaluando, teniendo en cuenta que aquí hay responsabilidades compartidas”, dijo Néstor Osuna, quien es asesor del despacho de la directora de la Unidad para las Víctimas.
También se evalúa la posibilidad de instaurar acciones legales contra quienes incurran en actos de racismo. “También hemos pensado que si es necesario, ojalá no, podemos acudir a vías penales específicamente estamos pensando en el delito de racismo y el delitos de hostigamiento”, dijo Osuna, quien señaló que las acciones se tomarían “hacia quien la esté cometiendo”.
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