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Luego de un estudio, la Fundación para el Estado de Derecho, con el apoyo de National Endowment for Democracy, llegó a la conclusión de que el proyecto de jurisdicción agraria podría generar serios riesgos para los derechos a la propiedad privada.
Según dicha fundación, gran parte del articulado representa una amenaza para el Estado. Dentro de los principales hallazgos está que por ejemplo en la redacción del proyecto de ley se permitiría que la Agencia Nacional de Tierras adquiera o asigne tierras rurales mediante procedimientos istrativos sin un control judicial exhaustivo. Esto según ellos, reaviva el temor de una posible "expropiación exprés".
Además, aseguran que "el proyecto de ley S-183 introduce restricciones significativas que afectan la capacidad de los propietarios de tierras rurales para defender su propiedad en casos de ocupaciones indebidas. El principio de "permanencia agraria" prohibiría la interrupción de actividades productivas en predios rurales por parte de sujetos vulnerables hasta que se resuelva la disputa legal. Así mismo, este principio impediría que los jueces ordenen medidas cautelares que detengan dichas actividades de manera total, incluso si el terreno está siendo ocupado ilegalmente o de forma indebida", dijeron luego del estudio.
A lo anterior se le suma que, según la fundación, se incorpora medidas procesales destinadas a proteger a sujetos especialmente vulnerables, como campesinos y comunidades rurales. Sin embargo, al hacerlo, genera un desequilibrio significativo en los juicios agrarios.
Hacen énfasis en que una de las disposiciones más problemáticas es la denominada “presunción de veracidad”, que implica que las afirmaciones de estos sujetos se considerarán ciertas, incluso sin la necesidad de presentar pruebas que las respalden. Este desequilibrio se agrava aún más con la posibilidad de que los jueces emitan fallos que excedan las pretensiones de las partes.
"Creemos que como están radicados estos componentes no van a generar más paz en el campo, sino que van a traer más conflictos. Hay una serie de normas que podrían revivir la expropiación exprés, pueden incentivar la invasión de tierras, invadir las jurisdicciones que hay en el país. Se requiere de unos ajustes en la normatividad", dijo Luis Guillermo Vélez, presidente de la fundación.
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Hay que mencionar que este proyecto tampoco ha tenido buena acogida dentro del Congreso de la República porque al conocerse que iría con mensaje de urgencia, representantes como Katherine Miranda advirtieron que este abriría la puerta también no solo a la expropiación, sino además a la violación de la propiedad privada.
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