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El representante a la Cámara por el Pacto Histórico Alirio Uribe explicó en Mañanas Blu el proyecto de ley de sometimiento, con el que el Gobierno busca que las bandas criminales y narcotraficantes se sometan a la justicia.
“El proyecto es muy parecido a los modelos de justicia que se han tenido ya. Lo primero es que claramente se establece que no se les da estatus políticos y lo segundo, no hay justicia restaurativa, actuarán los jueces y fiscales ordinarios”, puntualizó.
Uribe dijo que los fallos en ley de sometimiento serán colectivos, pero las responsabilidades serán individuales y lo explicó así: “Tiene que haber un fallo colectivo, pero una responsabilidad individual, en donde va a decir: ‘Pepito Pérez’ tiene una pena de 40 años, por haber dicho la verdad, desmantelado el grupo criminal, haber entregado niños reclutados y secuestrados, se le conmuta la pena por esa pena sustitutiva”.
En este caso, dijo el representante, se aplicará la ley de extinción de dominio que establece que los bienes que se entreguen antes de la imputación colectiva de cargos se les aplicará este 6%.
“Es el 6% de lo que se monetice, a partir de lo entregado. Eso es lo que hace ante los Estados Unidos los narcotraficantes que son extraditados”, añadió.
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El ministro de Justicia, Néstor Osuna, presentó este miércoles el borrador del proyecto de ley de sometimiento a la justicia con el que el Gobierno del presidente Gustavo Petro busca negociar con grupos criminales en el marco de su política de paz total.
Esta ley de 54 artículos busca "crear mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, mediante la aplicación de procedimientos de investigación y judicialización, contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas, garantizar la no repetición, desmantelar las estructuras armadas (...) e impulsar la reintegración efectiva de sus integrantes", detalló Osuna en una rueda de prensa en Bogotá.
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En este sentido, el ministro insistió en que el proyecto de "ley de sujeción y desmantelamiento de estructuras criminales de alto impacto" no contempla "ningún sistema de justicia transicional" como la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), creada tras el Acuerdo de Paz con las FARC de 2016, ni "juez especial", sino que se encargará la justicia ordinaria.
Para que a los de organizaciones criminales se les sustituya la pena ordinaria por una reducida deberán "entregar verdad, aceptar responsabilidad penal, desmantelar las bandas y reparar las víctimas", explicó el ministro.
Este primer borrador, necesario para poder avanzar en los diálogos con grupos criminales del país, contempla penas sustitutivas para quienes se acojan a la ley que serán entre 10 y 12 años divididas en dos partes: la primera de cárcel efectiva entre 6 y 8 años y cuatro años de pena restaurativa.
Osuna, acompañado del senador Ariel Ávila y el representante a la Cámara Alirio Uribe en la rueda de prensa, informó que el jueves presentarán el proyecto de ley al Consejo Nacional de Política Criminal para que "emita su concepto lo más pronto posible" y pueda ser radicada en el Congreso.
Ávila, por su parte, recalcó que con este proyecto de ley "no habrá impunidad" para los que se acojan a él, ya que pagarán cárcel, y que no se reconocerá estatus político ni "de beligerancia" a aquellos de bandas criminales que se acojan, sino que es "una conversación socio jurídica".
De las 53 organizaciones armadas que hay en Colombia, 23 se podrían acoger a esta ley y se espera que al menos con 12 de ellas se dé la negociación, según el senador.
El Gobierno de Petro busca dialogar y negociar con el máximo número de organizaciones criminales que operan actualmente en el país en búsqueda de la paz total, pero sin esta ley de sometimiento a la justicia no podrá oficializar los acercamientos con grupos delincuenciales, tal como lo contempla la ley.
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