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La defensa del Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, solicitó al Tribunal de Bogotá permiso para recaudar pruebas con el fin de desacreditar los señalamientos de Olmedo López y Sneyder Pinilla. En concreto, se pidieron los registros de ingreso al Ministerio de Hacienda y otras dependencias del Estado, como el Dapre y MinInterior, de los exfuncionarios de la entidad en el año 2023.
También se solicitó acceder a los registros de reuniones con la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público y las visitas de su asesora María Alejandra Benavides a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, entre otros. La audiencia para esta solicitud se realizó el viernes 2 de agosto, con la presencia de la fiscal 9 delegada ante la Corte, el Ministerio Público y el apoderado de las víctimas.
Tras esta diligencia, Blu Radio conoció la estrategia y los argumentos que el equipo jurídico del ministro Ricardo Bonilla presentará para liberarlo de responsabilidad en el caso de corrupción en la UNGRD.
Recordemos que Bonilla fue señalado por los testigos clave, Olmedo López y Sneyder Pinilla, de haber direccionado tres contratos en Bolívar, Córdoba y Arauca por más de 90.000 millones de pesos.
Bonilla ha enfatizado que no existió ningún “cónclave” y que las reuniones del 27 de noviembre y el 15 de diciembre de 2023 “fueron oficiales, legalmente convocadas y con agendas específicas, tal como lo dispone la ley”.
Además, su defensa asegura que no intervino en los contratos de Saravena, Cotorra y el departamento de Bolívar y que tampoco existieron contratos durante su gestión, “según el mandato legal, el ministerio debe hacer seguimiento a los proyectos sin que esto implique interferencia indebida”, dice el documento al que accedió Blu Radio.
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El escrito indica que el seguimiento a la gestión financiera de la UNGRD y la asistencia a las entidades territoriales para garantizar la eficacia de sus proyectos es una obligación del Ministerio de Hacienda “Este ministerio debe supervisar y asistir a las entidades del legislativo y territoriales, asegurando que los proyectos se ejecuten eficazmente”.
Por otro lado, se subraya que la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público tiene la función de requerir avances de los proyectos regionales sin que esto implique un interés indebido. Añade el texto que el jefe de la cartera debe servir como conducto de comunicación con el legislativo en asuntos de su competencia.
En entrevista con Blu Radio y Noticias Caracol, el ministro aclaró que los proyectos en Saravena, Cotorra y Bolívar, actualmente bajo escrutinio, fueron radicados en la UNGRD en 2021 y 2022, durante otra istración. Estos proyectos nunca fueron contratados bajo su gestión, por lo que también será un argumento de peso que usarán sus abogados en próximos requerimientos que hagan las autoridades.
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