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Tras la publicación del proyecto de resolución del Ministerio de Agricultura, que otorga facultades de control, vigilancia e incluso toma de decisiones por parte del Gobierno a las asociaciones y gremios de agricultores y campesinos, Aliadas señaló que esta propuesta genera facultades inconstitucionales sobre estas entidades y vulnera el derecho fundamental a la libre asociación, como también lo mencionaron la SAC y el Consejo Gremial.
Asimismo, manifestaron que se trata de un hecho que sienta un precedente peligroso para la democracia y abre la puerta a la instrumentalización política de la supervisión estatal. Entre los riesgos que identificaron se encuentran: el debilitamiento de la autonomía gremial, la carga istrativa y económica excesiva para las asociaciones y la ausencia de deliberación democrática en su formulación.
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Por su parte, María Claudia Lacouture, presidenta de Aliadas y de la Cámara de Comercio Colombo Americana, enfatizó que los gremios no son subordinados del Ejecutivo: “Hay que resaltar que las asociaciones campesinas, agropecuarias y gremiales no son extensiones del Ejecutivo, y su independencia es esencial para el equilibrio de poderes y el diálogo social. Reglamentar por vía istrativa lo que la Constitución protege es una extralimitación del Gobierno que debe ser corregida”, declaró.
Finalmente, en la carta, solicitaron la derogación de la resolución junto con un diálogo que garantice una regulación equilibrada y respete la autonomía gremial.
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