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Los demandantes, que son líderes y defensores de los derechos de su comunidad, sostuvieron que la UNP no empleó un enfoque diferencial al evaluar el riesgo al que estaban expuestos. Además, cuestionaron la falta de idoneidad y eficacia de las medidas de protección, así como la ausencia de atención oportuna y adecuada por parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), que no brindó la atención humanitaria que les correspondía en su condición de víctimas del conflicto armado.
La Corte Constitucional estudió la situación de cada uno de los demandantes. En el caso de uno de ellos, quien se encuentra fuera del país, se constató una "carencia actual de objeto" debido a su emigración, pero la Sala decidió adoptar medidas de protección debido a su situación de vulnerabilidad.
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El accionante, que aún no ha regularizado su situación migratoria y enfrenta dificultades en el a servicios básicos, recibió una orden al Ministerio de Relaciones Exteriores para proporcionarle información sobre sus derechos y los recursos disponibles, tanto judiciales como istrativos, para su ejercicio.
En el otro caso, el alto tribunal encontró que la UNP vulneró sus derechos a la seguridad personal y al debido proceso, en su análisis, la Corte resaltó la especial vulnerabilidad de los líderes indígenas frente al conflicto armado, destacando el riesgo de exterminio cultural y físico al que se enfrentan muchas comunidades indígenas.
Por ello, le ordenó a la Unidad Nacional de Protección (UNP), que emitiera una resolución motivada en la que se detallara el riesgo al que estaba expuesto el accionante, el puntaje asignado en la evaluación de amenazas y las justificaciones claras sobre la idoneidad de las medidas de protección.
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